En un mundo donde la búsqueda de un lugar para vivir a menudo conduce a plataformas inmobiliarias como Idealista y Fotocasa, o a la exploración de viviendas públicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) emergen como una «tercera vía» para proporcionar soluciones de vivienda asequibles. Tomando como modelo el éxito de países europeos como Austria y Países Bajos, estas ONG están siendo consideradas cada vez más como una alternativa viable a las opciones de vivienda tradicionales.
Provivienda, una asociación fundada en 1989, es uno de estos ejemplos. Con más de 30 años de experiencia en el manejo de situaciones de «exclusión residencial», ha proporcionado alojamiento a 160.000 personas hasta la fecha. Gema Gallardo, directora general de Provivienda, señala que la exclusión residencial ya no afecta únicamente a las personas más vulnerables, sino también a las familias de clase media afectadas por los altos precios de la vivienda.
A diferencia de una empresa inmobiliaria tradicional, Provivienda gestiona bolsas de vivienda en alquiler, en su mayoría provenientes de propietarios particulares. A cambio de garantizar el alquiler y ofrecer tranquilidad a los propietarios, Provivienda pide que los pisos se alquilen un 15% a 20% más baratos que en el mercado privado. Los propietarios no pueden elegir a sus inquilinos, evitando así la discriminación. En 2022, Provivienda firmó mil nuevos contratos de alquiler, lo que demuestra la creciente popularidad de este enfoque.
En un intento por ganar mayor reconocimiento y legitimidad, Provivienda se ha asociado con la Fundación Eguzkilore y Cohabitac, que agrupa a 16 fundaciones de alquiler social de Cataluña. Su objetivo es ser reconocidos como un actor relevante en el sistema de provisión de vivienda, y ofrecer una alternativa a la vivienda privada y pública.
El modelo de «asociaciones de vivienda» no es nuevo. Eduardo Gómez, investigador asociado de la University College of London, destaca que estas organizaciones son comunes en otros países europeos. En Austria, el 24% de las viviendas son sociales, y de estas, el 70% son gestionadas por asociaciones de lucro limitado. Países Bajos, Finlandia, Dinamarca y Reino Unido también tienen una larga tradición de estas «housing associations», que pueden ser sin fines de lucro o con lucro limitado.
Gómez y los representantes de Provivienda consideran que Austria es el ejemplo más positivo a seguir. En 1978, Austria introdujo una normativa que establecía reglas específicas para las «housing associations», como la prohibición de tener relaciones con constructoras, la obligación de reinvertir los beneficios y la colaboración con la administración. En respuesta a esto, Provivienda pide que se defina legalmente su figura, al igual que se hace con las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) en el mercado privado.
Además, las asociaciones piden una mejora en su fiscalidad y facilidades para acceder a la financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o subvenciones. Andrea Jarabo, responsable de comunicación de Provivienda, destaca que las socimis, que no buscan hacer el mercado de la vivienda accesible, tienen un régimen fiscal más favorable que las organizaciones que sí lo hacen. Por ejemplo, las socimis no pagan el impuesto de sociedades, mientras que las entidades del tercer sector pagan el 15%.
González concluye que, al eliminar el beneficio de la ecuación, se pueden reducir aún más los precios del alquiler. Las «housing associations» son un excelente ejemplo de cómo se puede proporcionar un bien público sin ser parte del sector público. Estas entidades sin ánimo de lucro reinvierten sus beneficios, lo que les permite mantener los precios del alquiler bajos y asequibles para las personas que más lo necesitan.