El mundo del deporte español se encuentra una vez más en medio de una controversia. En esta ocasión, el protagonista es el presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Agustín Martín Santos. El lunes pasado, un juzgado de Madrid falló a favor de los asambleístas que, desde 2021, han estado denunciando la incorrecta aplicación por parte de Martín Santos del artículo 101 del Reglamento General.

La cuestión principal gira en torno al hecho de que determinados asuntos de la asamblea no se sometieron a debate ni a votación, a pesar de no tener enmienda ni propuesta alternativa. El presidente de la RFEVB se ha amparado en el citado artículo 101 para evitar este procedimiento democrático esencial, una acción que ha sido ahora considerada como mal aplicación del reglamento.

La controversia se remonta al año 2020, cuando se celebraron las elecciones a la RFEVB, un proceso que un juez calificó de “oscuro” y “poco transparente”. En su sentencia, el juez ordenó «retrotraer el proceso«, es decir, repetir las elecciones para garantizar que se ajusten a las exigencias de un estado de derecho. A día de hoy, todavía se espera la sentencia de la Audiencia Nacional tras el recurso presentado por el Consejo Superior de Deportes y la RFEVB.

Desde mayo de 2021, el voleibol español no ha podido debatir ni votar sobre aspectos tan importantes como los presupuestos, los cierres de ejercicio, los planes de actuación, los calendarios deportivos o las normas de competición. De hecho, en la asamblea de mayo de 2021, diferentes miembros del máximo órgano de gobierno anunciaron reservarse el derecho de impugnación por incumplimientos durante la reunión, uno de ellos, la prohibición del derecho de participación (debate y votación) por el uso del mencionado artículo 101 por parte del presidente.

En vista de estas irregularidades, las federaciones de Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco presentaron una demanda. La sentencia llega dos años después y declara nulos todos los acuerdos que no fueron sometidos ni a debate ni a votación: cierre del ejercicio 2020, presupuestos de 2021, planes de actuación de la RFEVB de 2021, proyecto de competiciones de ámbito estatal, calendarios deportivos de la RFEVB, protocolos sanitarios de las competiciones de ámbito estatal y reglas de juego de la categoría benjamín.

La jueza ha afirmado que «la interpretación realizada por el presidente y que mantiene la demandada no resulta acorde ni a la Ley ni a la Jurisprudencia sobre la materia y tampoco respeta los estatutos de la asociación«, y por tanto, considera nulos «los asuntos del orden del día en que se privó a los asociados de emitir su voto».

Además, la sentencia también implica que todos los acuerdos del resto de asambleas celebradas a posteriori en las que el presidente ha hecho uso del artículo 101 son nulos. Este hecho deja muchas incógnitas por resolver, como por ejemplo, lo que pasará con las subvenciones públicas recibidas o con aquellas que han sido otorgadas por la propia RFVEB a deportistas, Federaciones Territoriales y clubes.

Finalmente, el 13 de enero de 2022, el Juzgado Central del Contencioso–administrativo n.º 11 sentenció estimar el recurso presentado por la Federación Catalana de Voleibol, la Federación Aragonesa de Voleibol y David Lechón Blasco contra la resolución del TAD en la creación del censo provisional del proceso electoral de la RFEVB y ordenó «retrotraer el procedimiento al momento en que el TAD lo resuelva de manera exhaustiva y motivada sobre las impugnaciones efectuadas al censo provisional».

La sentencia también hablaba de un proceso «oscuro» y «poco transparente» por el que instó el TAD a dictar una nueva resolución «para que se garantice que el proceso electoral se ajuste a las exigencias de un Estado de Derecho«.