El próximo 20 de marzo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abordarán una cuestión de importancia crítica para el sector agropecuario catalán. En cuestión está la posibilidad de que las patronales agrarias catalanas estén incurriendo en una ilegalidad al oponerse a la integración de las últimas revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) en el convenio colectivo agropecuario. El sindicato UGT ha presentado una denuncia contra Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que se niegan a actualizar las tablas salariales del convenio colectivo del sector.
Los sindicatos argumentan que la falta de actualización de las tablas salariales facilita a las empresas con intención de explotar a sus trabajadores el pago de salarios por debajo del mínimo establecido por ley. La defensa de las patronales, representada por Josep Cusco, sostiene que «nadie en el campo catalán cobra por debajo del SMI». Sin embargo, el sindicato indica que estas empresas se escudan en las tablas salariales publicadas en el convenio, que no se han actualizado desde 2020 y por lo tanto, no reflejan los mínimos aprobados por el Gobierno para 2021, 2022, 2023 y el vigente 2024.
Las tensiones laborales son una realidad en el campo catalán, que ha sido escenario de múltiples protestas y manifestaciones en los últimos años. Los agricultores, grandes y pequeños, han expresado su descontento con la Administración por lo que consideran un exceso de burocracia y regulaciones medioambientales anticompetitivas.
A pesar de la visibilidad de estas protestas, existe un grupo de trabajadores que ha permanecido en gran medida en la sombra: los asalariados de las explotaciones agrarias. Los jornaleros que recogen las manzanas, peras, albaricoques, melocotones o aceitunas cada primavera o verano llevan desde 2020 con el convenio colectivo congelado. Este convenio incluía unas tablas salariales de las más bajas de todo el mercado laboral, y actualmente, todas las categorías profesionales están por debajo del SMI.
El SMI se sitúa actualmente en 1.134 euros brutos al mes, o 8,87 euros la hora o 37,8 euros al día. Por ley, todas las empresas están obligadas a pagar, como mínimo, un sueldo igual o mayor al fijado a la referencia estatal. En el caso de los trabajadores eventuales, como los temporeros, siempre que estén empleados por una misma empresa durante un tiempo igual o superior a 120 días, la cuantía del salario no podrá ser inferior, en ningún caso, a 53,71 euros por jornada.
El agropecuario es uno de los sectores en Catalunya y en el conjunto de España donde los asalariados tienen peores condiciones laborales. El sueldo medio en el sector primario es de 1.477 euros brutos al mes, un 31% por debajo de la media de la economía. Además, es uno de los sectores donde más horas se trabajan: el 54% de sus trabajadores echa 40 horas o más a la semana, frente al 44% que es habitual en la media de la economía.
Gran parte de estos trabajadores son nacidos fuera de España. El porcentaje oscila entre el 22 y el 24%, dependiendo de la época del año, cuando en el conjunto de la economía ronda el 14%. Es un sector con una alta proporción de migrantes y una notable predominancia masculina, ya que tres de cada cuatro ocupados son varones.
La cuestión laboral en el sector agropecuario catalán es un tema complejo que va más allá de los salarios. Sin embargo, la decisión del TSJC el próximo 20 de marzo será un hito en la lucha por unas condiciones laborales justas para los trabajadores del campo.