El envejecimiento de la sociedad catalana, como el de muchas otras sociedades occidentales, es un fenómeno que se está acelerando. Según las últimas proyecciones publicadas por Idescat, Catalunya está habitada hoy por casi el doble de octogenarios que a principios del siglo XXI, y se espera que para 2050, la población de esta edad se haya duplicado de nuevo.
Estos cambios demográficos, provocados por vidas más longevas y una disminución de la natalidad, están reconfigurando la pirámide poblacional y planteando una serie de retos demográficos. Uno de estos desafíos es la sostenibilidad del sistema de pensiones. A medida que la población envejece, cada vez hay más ancianos – muchos de ellos con mayor poder adquisitivo que sus predecesores – que representan un potencial nicho de negocio para las empresas. Este nicho ha sido bautizado por los economistas como la ‘silver economy‘ o ‘economía plateada’, en referencia al color de las canas.
En este contexto de envejecimiento demográfico, los servicios de atención a domicilio prometen ir ganando mercado. Estos servicios, que incluyen cuidados para los ancianos y personas dependientes que necesitan ayuda en su día a día, actualmente se reparten en Catalunya entre grandes constructoras y cooperativas de origen social.
«Cada sociedad decide cómo cuida a sus mayores. En la nuestra, la reciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha provocado que estas hayan dejado de encargarse de ellos», explica la catedrática de la UB Ció Patxot. La externalización de los cuidados ha caído en otras mujeres, profesionalizadas a través de los servicios municipales del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria). Los ayuntamientos adjudican contratos millonarios para ofrecer a unas 70.000 personas en Catalunya unas cuatro horas de atención semanal por usuario.
Entre las empresas que se están llevando los contratos públicos está ACS, propiedad de Florentino Pérez, que opera en Catalunya a través de Accent Social, S.L.U, y Sacyr, que opera a través de Sacyr Social S.L. Según los datos disponibles, ACS se ha adjudicado en los últimos tres años contratos por valor estimado de 92,9 millones de euros y gestiona el SAD de municipios de toda Catalunya, desde capitales como Lleida hasta ciudades metropolitanas como Castelldefels o Sant Adrià del Besos. Sacyr, por su parte, ha obtenido en ese mismo periodo contratos por valor estimado de 15,8 millones de euros en municipios como Viladecans, Esplugues de Llobregat o Terrassa.
Pero no solo las grandes empresas se benefician de la ‘silver economy’. Algunas cooperativas sin ánimo de lucro o empresas mercantiles especializadas en el sector también comparten este mercado. Un ejemplo de esto es la ciudad de Barcelona, donde los barrios están divididos en cuatro lotes que en 2020 se repartieron a partes iguales entre Servisar Servicios Sociales, una S.L. comercialmente conocida como Domusvi, y la cooperativa Suara Serveis.
Sin embargo, a pesar del creciente mercado y los contratos millonarios, las trabajadoras que proporcionan estos servicios esenciales a los ancianos llevan dos años con los sueldos congelados. La cuantía que marca el último convenio negociado, cuyas tablas solo abarcan hasta 2022, fija un salario mensual de 1.252,39 euros brutos en el caso de una trabajadora familiar. El salario de las auxiliares de limpieza, de 1.073,69 euros, ya ha sido superado por el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.134 euros.
«Nos están ofreciendo miseria y venimos de un sector precarizado desde hace años. Quien puede sale corriendo», afirma Noelia Santiago, delegada de CCOO. A las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios se suman las lesiones físicas y el desgaste emocional que sufren las trabajadoras. «No tenemos ni una enfermedad profesional reconocida. Junto a las ‘kellys’ [camareras de piso] somos el colectivo profesional más hecho polvo”, afirma la representante de CGT Montse García.
Las negociaciones entre patronales y sindicatos para mejorar estas condiciones laborales están en un punto muerto. Fuentes de Acra, una de las organizaciones empresariales que se sienta en la mesa de negociaciones, reconocen que las posturas están “muy alejadas”. Una de las propuestas que más enerva a los sindicatos es la doble escala salarial que propone parte de las patronales, que abogan por una subida mínima, del orden de entre el 0,5 y el 1% anual, si las empresas no reciben o renuevan las adjudicaciones. Si las renovaban o las obtenían, entonces aplicarían mayores incrementos.
En este escenario, la forma en que el Ayuntamiento de Barcelona vuelva a sacar su servicio el año que viene será clave. Los cuatro lotes de la última adjudicación sumaban 191,6 millones de euros.