El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, afirmó recientemente que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España está «muy cerca». Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por algunos en el país, ya que hay indicios de que las negociaciones pueden estar más lejos de lo que se sugiere.
Reynders, que dejará su cargo el próximo día 25 para postularse a la Secretaría General del Consejo de Europa, ha estado tratando de persuadir a los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que lleguen a un acuerdo antes de esa fecha. Su intención es lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces españoles y también impulsar una serie de reformas necesarias en el sistema judicial.
A pesar de las afirmaciones del comisario, fuentes del Partido Popular han sugerido que el acuerdo está más vinculado al calendario del propio PSOE y que la realidad es que aún está «lejísimos». En este momento, no hay una nueva reunión prevista entre el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons.
Desde el núcleo gubernamental, las palabras de Reynders se entienden como un intento de presión personal. Sin embargo, el gobierno interpreta que la presión está dirigida al PP. Pero tanto las fuentes populares como las socialistas coinciden en que no se han producido avances y que no se esperan a corto plazo.
Reynders ha expresado su optimismo de que, una vez que llegue la «señal política», Bruselas retomará la discusión a tres bandas con una cuarta ronda de negociaciones. Sin embargo, con las sucesivas campañas electorales en el País Vasco y Cataluña, preludio de las europeas de junio, las aspiraciones del comisario belga parecen algo ilusorias.
La mediación de la Comisión Europea fue inicialmente establecida para durar dos meses, con la esperanza de que se tratara de un asunto sencillo de resolver. Sin embargo, Reynders ha anticipado que el proceso podría continuar más allá de su retiro, ya que el Ejecutivo europeo «seguirá estando disponible si las partes tienen que esperar un tiempo».
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tendría que asignar la mediación a otro comisario. Algunas fuentes sugieren que la liberal checa Vera Jourova, vicepresidenta en el campo de Valores y Estado de Derecho, podría ser la elegida, aunque se rumorea que está intentando declinar esta responsabilidad.
El comisario de Justicia ha instado al Gobierno español a renovar «con urgencia» el CGPJ y luego comenzar la reforma del método de elección de sus miembros para que se alinee con las prácticas de otros países, donde son principalmente los jueces los encargados de designarlos. Sin embargo, el PSOE se niega a aceptar esta segunda parte de la recomendación.
Reynders tiene un margen de maniobra muy limitado, ya que la interlocución del Ejecutivo comunitario es solo con los Gobiernos nacionales y no puede intervenir donde carece de competencias. Es probable que Reynders sea elegido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo que significa que no regresará a la Comisión.
La última reunión entre las partes, prevista para finales del mes pasado, se suspendió cuando Reynders anunció su intención de postularse a la Secretaría General del Consejo de Europa, lo que implicaba su renuncia como comisario de Justicia.
PSOE y PP han estado en negociaciones intermitentes durante el último lustro. Sin embargo, las reformas legales impulsadas por el presidente Sánchez a finales de 2022 para beneficiar a los secesionistas encausados por el procés, con la rebaja de la malversación en el Código Penal y ahora con la amnistía, han dificultado cualquier acuerdo entre socialistas y populares para renovar y repartirse el órgano de gobierno de los jueces españoles.
El CGPJ ha tenido hasta tres presidentes distintos en su período de funciones: Carlos Lesmes, que dimitió precisamente por esta situación; Rafael Mozo, que se jubiló poco después; y el actual, Vicente Guilarte, quien ha amenazado con seguir los pasos de Lesmes si no se logra un acuerdo a través de la mediación europea.