El Consejo de Ministros ha dado luz verde al recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende iniciar el proceso de independencia. El Gobierno de España solicita en su recurso al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión en funciones de 21 altos cargos, incluyendo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas.
«Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré», enfatizó el presidente del Gobierno, añadiendo que «No puedo aceptar que haya gobernantes que no cumplen la ley».
El recurso de inconstitucionalidad, respaldado por el Consejo de Ministros, se dirige contra los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán en funciones.
Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña y número dos de Junts pel Sí, es una de las afectadas. Forcadell fue antes presidenta de la Assemblea Nacional Catalana y exconcejal de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell.
Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña y candidato de Junts pel Sí para repetir como jefe del Ejecutivo, también está en la lista, a pesar de no haber logrado el apoyo necesario en la primera votación.
Lluís M. Corominas, Vicepresidente primero de la Mesa del Parlament y secretario general adjunto de Convergència Democràtica, es otro de los altos cargos a los que se pretende suspender. Corominas es diputado en la Cámara catalana por Junts pel Sí.
José María Espejo-Saavedra, Vicepresidente Segundo de la Mesa del Parlament y diputado de Ciutadans también figura en la lista de posibles sanciones.
Anna Simó, Secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada de Junts pel Sí, militante de Esquerra Republicana, al igual que David Pérez, Secretario segundo de la Mesa del Parlament y diputado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), también están en la lista.
Joan Josep Nuet, Secretario tercero de la Mesa del Parlament, diputado por Catalunya Sí que es Pot y militante de Esquerra Unida y Alternativa, y Ramona Barrufet, Secretaria cuarta de la Mesa del Parlament y diputada por Junts pel Sí, militante de CDC, también se encuentran entre los afectados.
Pere Sol, Secretario general del Parlamento y Funcionario de la Cámara catalana, y Neus Munté, Vicepresidenta del Gobierno catalán y consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, diputada por Junts pel Sí (CDC), también están en la lista.
Francesc Homs, Consejero de la Presidencia en funciones y candidato de Convergència para las elecciones generales del 20 de Diciembre, y Mertixell Borràs, Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales en funciones (CDC), son parte de los posibles suspendidos.
Andreu Mas-Colell, Consejero de Economía y Conocimiento en funciones, Irene Rigau, Consejera de Enseñanza en funciones y diputada por Junts pel Sí, y Boi Ruiz, Consejero de Salud en funciones, también aparecen en la lista.
Jordi Jané, Consejero de Interior en funciones, Santi Vila, Consejero de Territorio y Sostenibilidad en funciones, Ferran Mascarell, Consejero de Cultura en funciones, Jordi Ciuraneta, Consejero de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación en funciones, y Felip Puig, Consejero de Empresa y Empleo en funciones, están también en la lista.
Finalmente, Germà Gordó, Consejero de Justicia en funciones y diputado por Junts pel sí, y militante de CDC, se encuentra entre los posibles altos cargos a ser suspendidos.
Este recurso de inconstitucionalidad busca proteger la democracia y el cumplimiento de la ley, en respuesta a lo que el Gobierno de España considera un intento inaceptable de independencia por parte de la Generalitat de Cataluña.