El 10 de octubre de 2017, el día en que declaró la independencia de Cataluña, para luego suspenderla, Carles Puigdemont escribió a su asesor en asuntos internacionales, Víctor Terradellas, que había visitado Moscú hace solo dos semanas. En la correspondencia, Puigdemont sugirió que las «cuentas corrientes» deberían ser administradas por las oficinas y delegaciones exteriores, ya que no creía que estuvieran bloqueadas. En poco más de dos semanas, Terradellas trajo a la sede de la presidencia de la Generalitat de Cataluña a un ciudadano ruso, descrito como un «emisario de Putin», para negociar el apoyo ruso a la independencia de Cataluña, incluyendo soldados y una oferta de realizar pagos en criptomonedas.
Investigación de Traición en Curso
El juez Joaquín Aguirre, que está a cargo del caso de la trama rusa, ha iniciado una investigación separada sobre los presuntos delitos de traición atribuidos a los dos expresidentes de la Generalitat, Puigdemont y Artur Mas, así como a su asesor, Terradellas, y otros implicados. Entre ellos se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, su abogado, Gonzalo Boye, y otros como Elsa Artadi, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko y Francesc Dalmases.
En un detallado auto de 56 páginas lleno de pruebas, el juez Aguirre afirma que ha encontrado indicios de delito para «facilitar la injerencia de un país extranjero en territorio español y el uso de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades». Los delitos de traición, como tales, quedan excluidos de la amnistía concedida por el Gobierno, que entró en vigor el 11 de septiembre.
En el auto se detallan numerosos contactos entre un grupo de asesores y empleados de Mas y Puigdemont con ciudadanos rusos, desde el viaje de Terradellas a Moscú en septiembre de 2017. Tras la detención de Terradellas por un caso de corrupción en mayo de 2018, los contactos con los rusos fueron mantenidos por el nuevo jefe de gabinete de Puigdemont, Alay, y su abogado, Boye.
Según el auto, Boye y Alay mantuvieron en Rusia contactos no solo con personas que ellos identifican como representantes del poder político, sino también con miembros del crimen organizado. Uno de ellos es Zakhar Kalashov, uno de los capos más conocidos de la mafia rusa, que ya fue condenado en España por diversos delitos tras ser extraditado desde Emiratos Árabes.
Las acciones investigadas se describen en el auto como «un posible delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal», que incluye condenas para «el español que facilite al enemigo la entrada en España» o que, con «el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional». El Parlamento Europeo, con apoyo socialista, ha solicitado a principios de año que los países miembros de la Unión Europea investiguen las injerencias de Rusia, especialmente dada la reciente invasión de Ucrania.
Tras la visita del ruso Nikolay Sadovnikov, a quien Terradellas se refirió como el «emisario de Putin» en un mensaje a Puigdemont, se inició una estrategia conjunta de pruebas para realizar pagos. Sadovnikov había ofrecido 10 millones de euros para comenzar un apoyo ruso a la independencia catalana y más tarde ofreció incluso pagar toda la deuda pública de Cataluña, según los mensajes de los investigados.
Una de las partes más relevantes del auto, por su novedad, es la verificación de que esta estrategia de pagos con criptomonedas se llevó a cabo después de que Puigdemont huyera a Bélgica. El ruso Sadovnikov volvió a Barcelona el 16 de febrero de 2018, según le dijo el investigado Sardá a Terradellas. Después, estos dos intercambiaron fotos, en las que aparecen grandes fajos de billetes de 100 euros. En otra conversación, los dos implicados hablan de un pago de 500 bitcoins, que según el auto equivaldrían en su momento a 3,4 millones de euros.
Sardá y Terradellas, que estaban discutiendo estos pagos vinculados al «emisario de Putin», planificaban un nuevo viaje a Moscú, donde querían visitar la sede del FSB, el servicio nacional de inteligencia ruso, sucesor del KGB. Terradellas fue detenido el 24 de mayo en un caso de corrupción relacionado con fondos públicos. Fue durante este registro cuando la policía encontró una libreta en la que aparecían las palabras ‘Putin’, ‘pagos’ y ‘Estado protector’, lo que llevó al juez a profundizar en estas sospechas.
El auto de 56 páginas está lleno de pruebas extraídas de registros y, sobre todo, de conversaciones y grabaciones de los teléfonos móviles de los ahora investigados por traición. Sobre la oferta de Puigdemont de utilizar las delegaciones catalanas en el extranjero para recibir pagos, un informe del Tribunal de Cuentas de 2019 señaló que en esas oficinas se habían realizado numerosas transacciones no aclaradas. Según el informe, entre 2011 y 2017 los gastos generados por la gestión directa de las oficinas exteriores durante el periodo fiscalizado ascendieron a un total de 11,8 millones de euros. Hay 2,6 millones por la gestión indirecta de la oficina de Moscú que no están justificados. El juez ha dado dos días a los implicados para que aleguen si su delito puede estar cubierto por la amnistía.
Las Claves del Auto
El auto sugiere que en Cataluña, «Rusia habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar a toda la Unión Europea». Añade que, a diferencia de en otros países, Rusia obtuvo en España «la cooperación de un elemento subversivo interno que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y prestase apoyo político».
Las partes tienen dos días para alegar si los delitos a los que se alude en el auto, es decir, la traición, están contemplados en la amnistía para que el juez se pronuncie al respecto. Carles Puigdemont, por su condición de aforado, ya que es todavía eurodiputado, debe ser juzgado por el Tribunal Supremo. Al diputado catalán Francesc Dalmases, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y al resto, la Audiencia Nacional, al tratarse de un delito de especial gravedad.
El juez cuenta con una serie de pruebas, entre ellas una libreta con anotaciones como ‘Putin’ o ‘bitcoin’ que llevó a más registros e intervenciones telefónicas. Estas revelaron viajes a Rusia, transacciones monetarias y promesas expresas de soldados, millones de euros y pago de deuda. Además, hay tratos con petróleo crudo no explicados.