El fin de la cita previa como requisito imprescindible para acceder a las administraciones públicas no eliminará ni la cita previa como principal vía de acceso, ni las largas colas que los ciudadanos suelen enfrentar para acceder a servicios como el Sepe, la DGT o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A pesar de que la cita previa obligatoria está llegando a su fin, no se esperan grandes cambios en las formas de operar de la administración y sus servicios públicos.
El Gobierno ha prometido modificar la ley este año para que ninguna administración pública pueda negarse a atender a un usuario si este no ha concertado previamente una cita. En Catalunya, la Generalitat ya cambió su propia normativa el año pasado para eliminar este requisito en los servicios que gestiona, como los ambulatorios u hospitales. Sin embargo, la cita previa es un método organizativo que evita grandes aglomeraciones en las oficinas públicas, a pesar de que puede producir una escasez de franjas disponibles y una demora temporal en ser atendido.
La escasez de citas disponibles en ciertos servicios o momentos del año se debe a la falta de personal dentro de la administración pública. Durante la última década, el Estado y los servicios gestionados por las autonomías y municipios han perdido efectivos, con la plantilla pública reduciéndose un 7%, lo que se traduce en casi 40.000 trabajadores menos disponibles.
Los sindicatos más representativos en la función pública han llevado a cabo diversas movilizaciones para reclamar más efectivos para reforzar los servicios públicos. Han habido huelgas convocadas en la Seguridad Social, en la Inspección de Trabajo, en el Sepe y entre los funcionarios judiciales, entre otros.
El Gobierno ha ido aprobando nuevas ofertas de empleo durante los últimos cinco años. Sin embargo, el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha reconocido que el actual sistema de reclutamiento no responde a las necesidades vigentes y ha anunciado el fin de la tasa de reposición. La elevada edad de las plantillas y el hecho de que casi la mitad de los empleados públicos vayan a jubilarse en la próxima década subrayan la necesidad de incorporar más y más rápido a nuevo personal.
La obligatoriedad de la cita previa se generalizó tras el estallido de la pandemia. Las restricciones sanitarias y la limitación de aforos fueron la justificación que muchos servicios dieron para vetar a aquellos usuarios que no concertaran previamente su atención por vías telemáticas o por teléfono.
Algunos trámites que los ciudadanos deben realizar con las administraciones son de naturaleza sensible. Por ejemplo, tramitar una prestación por incapacidad temporal o absoluta implica compartir con el funcionario de turno información médica que puede ser delicada. O gestionar una prestación del ingreso mínimo vital (IMV) puede implicar exponer un déficit de recursos. Esto puede generar demoras, lo que va en detrimento del número de citas disponibles.
Los recursos informáticos de la administración han ido mejorando en los últimos años y el Gobierno está aprovechando los fondos europeos para invertir y modernizarse en este aspecto. Sin embargo, los dispositivos y programas que utilizan los empleados públicos no siempre son los más avanzados, lo que puede perjudicar a los usuarios. Además, los servicios públicos también han sido objeto de ciberataques, que pueden paralizar temporalmente sus servicios. En 2021, el Sepe sufrió un ataque de cibercriminales que redujo significativamente la capacidad operativa de sus oficinas.