Condenan a una agente de Policía Nacional por tráfico de drogas y revelación de secretos

La Audiencia de Valladolid ha emitido una sentencia condenatoria contra una agente de la Policía Nacional con plaza en Madrid. La funcionaria ha sido condenada a seis años de cárcel por realizar actividades ilícitas, específicamente, por vender droga desde su vivienda en la calle Mieses de la capital del Pisuerga y por utilizar los recursos de la institución policial para realizar investigaciones privadas.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dictaminado la sentencia, en la que se estipula una pena de tres años y medio por tráfico de drogas y otros dos años y seis meses por revelación de secretos. Adicionalmente, se le impone una pena de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y una multa de 3.300 euros. Sin embargo, se le exime de la agravación especial de las drogas por ser policía, según informó una fuente jurídica a Europa Press.

La Fiscalía había solicitado para la agente una condena global de casi once años de prisión y una multa de 17.300 euros. Sin embargo, en el caso de su pareja, también acusado en el caso, se llegó a un acuerdo para que asumiera una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.300 euros, en lugar de los cuatro años y medio y los 6.000 euros que el acusador público solicitaba inicialmente.

La defensa de la acusada

Durante el juicio, el compañero sentimental de la acusada asumió toda la responsabilidad, alegando que la totalidad de la droga y otros efectos hallados en la vivienda eran suyos. A su vez, la funcionaria policial ratificó estas declaraciones.

La acusada, por su parte, negó haber traficado con drogas. Aseguró que, a pesar de vivir en la misma residencia, desde hacía meses ambos ocupaban habitaciones distintas debido a la ruptura de su relación. La funcionaria sostuvo que la habitación en la que fue encontrada la totalidad de la droga la utilizaba únicamente su exnovio.

La policía nacional declaró: «Yo cobraba unos 2.310 euros al mes, no tenía necesidades económicas y jamás he traficado con drogas“. Negó cualquier conocimiento sobre las actividades ilegales de C.A.G.G., insistiendo que eran «simplemente amigos» y que desconocía por completo lo que él hacía en su habitación.

La funcionaria también negó que las distintas entradas con su clave en varias aplicaciones policiales tuvieran por objetivo cerciorarse de que ella, su novio y un supuesto cliente no estaban bajo investigación policial.

La investigación contra la pareja se inició en enero de 2023, tras recibir varias informaciones sobre una pareja, ella funcionaria del cuerpo, que podría estar dedicándose al tráfico de sustancias en una vivienda de la calle Mieses de Valladolid.

Las pesquisas se prolongaron por espacio de cuatro meses, con hasta 68 actas de vigilancia y escuchas telefónicas, permitieron descubrir que la vivienda era frecuentada por numerosas personas que a los pocos minutos volvían a salir, proceder típico de quienes acuden para adquirir droga.

Finalmente, los ‘pinchazos’ telefónicos a la pareja y el análisis de los whatsapp, a juicio de los investigadores, también eran claramente incriminatorios ya que en las conversaciones con supuestos clientes utilizaban una jerga típica de quienes se dedican a dicha actividad ilícita.