El gobierno español lleva su batalla contra la compañía ferroviaria francesa Ouigo a Bruselas
En una maniobra sin precedentes, el gobierno español, liderado por el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que está preparando una denuncia contra la compañía ferroviaria francesa Ouigo, que llevará ante la Comisión Europea. Esta decisión surge en respuesta a lo que el gobierno español considera «prácticas contra la liberalización» ferroviaria por parte de Ouigo.
Ouigo, que ha estado operando en España durante los últimos dos años, ha sido objeto de críticas por su estrategia de precios agresivos en los corredores de trenes de alta velocidad. Esta estrategia ha generado fricción con la compañía pública española Renfe y con Iryo – controlada por el estado italiano pero con participación de empresas privadas españolas – que consideran que estas tácticas constituyen una competencia desleal.
El Ministro Puente ha sido una voz líder en el ataque contra Ouigo, y ha revelado que su departamento ha estado considerando una denuncia contra la empresa francesa ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, recientemente, en una entrevista con Onda Cero, el Ministro descartó esta opción y reveló que la estrategia actual es presentar la denuncia ante la Comisión Europea.
Preparando la denuncia
El ministro ha confirmado que se está preparando la denuncia a presentar ante la Comisión Europea, que será llevada a cabo por la propia Renfe, la cual se ha visto directamente afectada por la política de precios de Ouigo. Según el ministro, la intención de España es que «la Comisión Europea se pronuncie» sobre estas prácticas. Desde Renfe se ha confirmado oficialmente que se está trabajando en la preparación de la denuncia por competencia desleal contra su rival francés.
El corazón de este conflicto radica en la apertura progresiva de los grandes corredores de alta velocidad de Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur, que ha permitido la entrada de nuevos competidores y ha llevado a una rebaja en el precio de los billetes. Esta situación ha sido provocada por la irrupción en el mercado español de Ouigo, junto con Iryo y la marca de bajo coste de Renfe, Avlo.
Mientras que el Gobierno ha defendido los aspectos positivos de la liberalización, tales como una mayor oferta de trenes, un aumento en el número de pasajeros y una reducción en el precio de los billetes, el Ministerio de Transportes ha criticado las tácticas de Ouigo, alegando que caen en el terreno del dumping, una práctica irregular de venta por debajo de los costes operativos.
Ouigo, que es propiedad del grupo público francés SNCF, ha sido acusado por el Ministro Puente de aprovechar el respaldo financiero del estado francés para reducir los precios, lo que a su vez está desestabilizando el mercado mientras asume pérdidas millonarias. Además, el Ministro ha criticado a la compañía francesa por sus quejas sobre el coste de los cánones que paga a Adif por el uso de las vías de alta velocidad, alegando que esto está vinculado a su falta de rentabilidad.
Conflictos más allá de Ouigo
Además del conflicto con Ouigo, el Gobierno español también ha tenido enfrentamientos con Francia en relación con el negocio ferroviario, alegando que Renfe está encontrando obstáculos y falta de reciprocidad para entrar en el negocio de la alta velocidad en el mercado francés. Aunque fuentes diplomáticas francesas han negado estas acusaciones, el enfrentamiento ha provocado una escalada de tensiones entre ambos países.
El objetivo del Gobierno español era que Renfe pudiera competir en la línea Barcelona-París antes de los Juegos Olímpicos de este verano en la capital francesa. Sin embargo, debido a la lentitud en la obtención de la homologación de las autoridades francesas para los trenes de Talgo que se utilizarán en la ruta, este objetivo no se logrará y Renfe anticipa que no podrá comenzar a operar hasta el último trimestre de este año como muy pronto.
Esta serie de eventos pone de manifiesto las crecientes tensiones en el sector ferroviario a medida que se están liberalizando los mercados y las empresas estatales se ven desafiadas por nuevos competidores. La decisión del Gobierno español de llevar este asunto a la Comisión Europea será un caso de prueba para ver cómo se manejan estas tensiones a nivel europeo en el futuro.