El gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, liderado por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado atónito a su homólogo de la Junta de Castilla-La Mancha, dirigido por el socialista Emiliano García-Page, al presentar alegaciones conjuntas a favor del Tajo-Segura con la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Esta acción ha generado sorpresa y cierto grado de tensión política, ya que contraviene las expectativas y objetivos de la Junta de Castilla-La Mancha.
La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Esther Padilla, expresó su decepción ante la postura adoptada por la Comunidad de Madrid, dando a entender que Madrid prefiere que el trasvase Tajo-Segura desaparezca. Esta postura genera descontento ya que el trasvase Tajo-Segura es vital para el suministro de agua en la región.
Lo que ha generado malestar es el frente común de cuatro autonomías lideradas por el Partido Popular (PP) que abogan por la continuidad del reparto de agua, frente a los recortes impuestos por el Gobierno central en los últimos años y los ya planificados a partir de 2027. Esta postura no ha sido bien recibida por las filas socialistas de Page, que ven en estos movimientos una amenaza a los planes hídricos de su región.
Carlos Mazón, el líder de la Comunidad Valenciana, anunció estas alegaciones conjuntas en representación de «más de 20 millones de españoles«, una cifra que representa casi la mitad de la población total del país. En su presentación, Mazón enfatizó la necesidad de tomar decisiones basadas en criterios técnicos, evitando «caprichos políticos» que podrían cerrar el suministro de agua a los agricultores del sureste.
Un día después, la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha también pidió que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos. Además, reveló que en sus alegaciones, las regiones que apoyan las transferencias de agua piden evaluar cómo se usa el agua del Tajo en la meseta, lo que ha calificado de «ofensa«.
A pesar de la tensión generada, la Junta de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la solidaridad en el uso del agua durante los 40 años de funcionamiento del Tajo-Segura, asegurando que nunca han negado el agua para consumo humano. Sin embargo, también han reiterado su objetivo de que esta infraestructura deje de funcionar, lo que parece contradecir dicho compromiso de solidaridad.
Finalmente, la portavoz criticó la postura de la Comunidad de Madrid, argumentando que también le interesa que haya caudales ecológicos y que desaparezca el trasvase, pero se ha unido a los intereses de Levante porque sus intereses son políticos. Esta declaración hace referencia a la postura del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que parece anteponer intereses políticos a las necesidades hídricas de la región.