La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) plantea tres medidas para frenar la crisis de la vivienda en España: aprobar una nueva ley del suelo, reducir la burocracia y reforzar la colaboración público-privada. La organización considera imprescindible, además, alcanzar un pacto nacional por la vivienda que permita consensuar las actuaciones necesarias.
La crisis habitacional está detrás del adelanto de las elecciones generales y de las acampadas celebradas en el centro de varias ciudades, especialmente en Madrid. Ante el conjunto de normativas estatales, autonómicas y locales aprobadas para afrontar el problema, en ocasiones con medidas contradictorias, el sector reclama una estrategia común.
Un pacto para dar estabilidad a las medidas
El presidente de APCE y APCE Cataluña, Xavier Vilajoana, defendió durante el V Congreso de la Vivienda, que reunió a 400 profesionales, que todos los actores, incluido el sector promotor, quieren resolver el problema. Sin embargo, pidió que no se modifiquen las reglas durante el proceso ni se utilicen situaciones dolorosas para hacer política de vivienda.
Vilajoana aludió al protagonismo dado a Maricarmen Abascal, la anciana madrileña cuyo desahucio precipitó la crisis política relacionada con la vivienda y que, tras su fallecimiento el miércoles, se ha convertido en un eje de la precampaña electoral.
La APCE prevé retomar el debate tras la cita electoral, que Vilajoana calificó como una oportunidad para abordar la situación con seriedad y rigor. Constructores y promotores reclaman participar en un proceso de negociación para alcanzar el pacto nacional, una demanda que también comparten otros sectores afectados, como los colegios de administradores de fincas.
Déficit anual de más de 100.000 hogares
Según los datos aportados por la asociación, el problema de la vivienda en España responde claramente a una falta de oferta. La APCE estima que hacen falta 250.000 viviendas nuevas al año, mientras que actualmente solo se construyen entre 90.000 y 110.000.
Esta diferencia provoca la acumulación anual de un déficit estructural superior a 100.000 hogares.
Una nueva ley del suelo y menos trabas urbanísticas
Agilizar la movilización de suelo
Con este diagnóstico, los promotores sitúan como principal necesidad la aprobación de una nueva ley del suelo que permita movilizar suelo con urgencia y acelerar la aprobación de planes urbanísticos.
La norma quedó fuera de la reciente ronda de reformas legales sobre el mercado de la vivienda, pese a contar con el respaldo del PNV y de numerosos alcaldes socialistas. Según se expuso, el Gobierno frenó la iniciativa para contentar a Podemos.
La patronal propone un planeamiento más flexible y procedimientos más rápidos para eliminar las trabas burocráticas que frenan los desarrollos urbanísticos. Desde la APCE sostienen que la planificación del suelo debe anticipar dónde se formarán los hogares del futuro e integrar en una misma estrategia los datos, la demografía, las infraestructuras y el planeamiento.
También reclaman reforzar la seguridad jurídica, en un contexto que consideran extremadamente volátil debido a la presión política y social sobre el sector.
Vivienda protegida y formación de trabajadores
La asociación identificó el importante déficit de vivienda protegida como otra de las brechas del mercado español y apostó por una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado para corregirlo.
Finalmente, constructores y promotores alertaron de la escasez de trabajadores especializados. Esta dificultad se agravará en los próximos años por la jubilación de los profesionales hijos del baby boom, por lo que solicitaron flexibilizar la formación dual para facilitar que los jóvenes puedan formarse directamente en las obras.