Una reforma para facilitar la presencia en mercados internacionales

El Gobierno ha dado luz verde a la conocida como Ley Ferrovial, una modificación normativa que permitirá a las empresas españolas cotizar en mercados bursátiles situados fuera de la Unión Europea, como Wall Street o Londres, sin necesidad de trasladar al extranjero el registro principal de sus acciones.

El real decreto, en el que el Ministerio de Economía llevaba varios meses trabajando, fue publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma responde al precedente de Ferrovial

La reforma tiene su origen en el caso de Ferrovial. La constructora presidida por Rafael del Pino decidió en 2023 trasladar su sede a Países Bajos para poder dar el salto a Wall Street, mercado en el que comenzó a cotizar un año después.

En aquel momento, la ausencia de conexión entre los depositarios de valores españoles y estadounidenses dificultaba el registro de las acciones y hacía más compleja una cotización directa desde España.

Posibilidad de cotizar en dos mercados a la vez

Con la nueva regulación, las compañías podrán emplear la fórmula de dual listing, que permite negociar sus acciones de forma simultánea en la Bolsa española y en mercados extranjeros.

Iberclear, el depositario central de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME), podrá conservar el registro principal de las acciones aunque una parte de los títulos se negocie fuera de la Unión Europea.

El real decreto modifica el artículo 34 de la normativa sobre instrumentos financieros y autoriza al depositario español a mantener una cuenta global que refleje las acciones depositadas en otros mercados. Esta cuenta, de carácter contable, permitirá controlar los títulos negociados fuera de España sin desplazar al extranjero el registro principal de la emisión.

Una alternativa a los ADR para acceder a Estados Unidos

Hasta ahora, empresas españolas como Santander o Grifols han recurrido a los certificados de depósito, conocidos como ADR, para cotizar en Estados Unidos. Estos productos permiten negociar títulos vinculados con las acciones de una compañía extranjera, aunque no constituyen una cotización directa.

La reforma abre, por tanto, una nueva vía de acceso a Wall Street, un mercado que reúne una elevada liquidez y atrae a grandes fondos internacionales.

Desde BME señalan que nunca ha existido un obstáculo técnico para cotizar a la vez en España y Estados Unidos. No obstante, cada operación requiere una solución adaptada a la empresa y coordinación con el depositario estadounidense DTC.

Simplificación de obligaciones para las cotizadas

El texto también reduce determinadas exigencias informativas para las sociedades cotizadas. Una de las novedades afecta a las empresas sometidas a una oferta pública de adquisición (opa): los inversores que compren acciones deberán comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando alcancen el 3% del capital, frente al 1% requerido hasta ahora.

También se modifican las obligaciones relacionadas con la autocartera. Las compañías ya no tendrán que informar de cada operación realizada con acciones propias, sino únicamente cuando superen los umbrales del 3%, 5% y 10%.

Con estas medidas, el Gobierno busca disminuir las cargas administrativas que soportan las empresas cotizadas.

Cambios para entidades extranjeras y en el registro de sanciones

La simplificación se extiende a las entidades de terceros países que prestan servicios en España sin contar con establecimiento permanente. Estas dejarán de remitir cada año a la CNMV determinada información que se les exigía en condiciones equivalentes a las aplicadas a las sucursales.

Economía justifica esta modificación por la disponibilidad de otros canales de información y por la necesidad de reducir cargas administrativas innecesarias.

Además, el real decreto amplía la información pública sobre las sanciones de la CNMV. El registro del supervisor incorporará las infracciones leves vinculadas a la falta de colaboración con este organismo.