El Gobierno español, en diciembre del año pasado, lanzó una propuesta de ampliación de la red eléctrica con el objetivo de proporcionar acceso a grandes proyectos industriales puntuales, como el Valle Andaluz del Hidrógeno que se proyecta entre Algeciras y Huelva. Sin embargo, las grandes eléctricas del país, incluyendo Endesa, Iberdrola y EDP, han expresado su deseo de extender esta modificación a nuevas demandas, especialmente a los centros de datos o industrias que están buscando maneras de descarbonizarse.
A pesar de la propuesta del Gobierno, las eléctricas afirman que las actuaciones planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica apenas llegan al 5% de sus necesidades. Según un ‘manifiesto’ publicado recientemente por Aelèc, patronal de las tres grandes eléctricas mencionadas, la nueva demanda para ‘enchufarse’ a la red eléctrica asciende a 6.000 megavatios (MW) de potencia. Este manifiesto también fue firmado por la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE).
Las distribuidoras son las encargadas de llevar la electricidad desde la subestación eléctrica a los centros de consumo, a través de líneas eléctricas de media o baja tensión. Sin embargo, estas subestaciones se conectan con los centros de generación (centrales eléctricas) a través de la red de transporte o red de alta tensión, que es gestionada por Red Eléctrica. Por lo tanto, si las distribuidoras quieren ampliar sus propias redes de distribución, necesitan la red de transporte. Pero es el Gobierno quien se encarga de su planificación por sexenios.
El coste de las redes eléctricas es asumido por los consumidores, que lo pagan a través de la factura de la luz (componente de peajes). Por lo tanto, a mayor número de líneas eléctricas, mayor será el coste para los consumidores. La última planificación de la red se aprobó en 2022 para el periodo 2021-2026.
En diciembre del año pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó su propuesta para recoger las opiniones de los interesados. Sin embargo, esta propuesta no ha convencido a las distribuidoras, que buscan ampliarla. Según las compañías, «la propuesta no está alineada con las nuevas necesidades de la demanda y debe enmendarse de una forma sustancial, haciendo uso de todos los recursos económicos disponibles y corrigiendo cualquier limitación regulatoria que impida su aplicación».
Las eléctricas han estado presionando durante meses para que se ponga el foco en las nuevas solicitudes de demanda procedentes de grandes industrias y centros de datos, que consumen grandes volúmenes de energía y quieren establecerse en España en busca de una luz barata. Defienden la idea de adelantar la planificación a las inversiones para atraerlas y poder revisarla de forma habitual, casi mensualmente, en lugar de cada seis años.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio recientemente su beneplácito a la propuesta de modificación del Gobierno. Sin embargo, añadió algunos matices, como «reconsiderar la urgencia de inclusión» de la actuación en el caso de Vigo o incluir un análisis de impacto económico más fiable en el caso de Algeciras.
Una vez recibidos los informes de la CNMC y de las comunidades autónomas, el departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera deberá redactar un documento final, con las modificaciones que considere pertinentes, para su aprobación en el Consejo de Ministros. Al tratarse de un cambio de la planificación vigente, no tiene que pasar por la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.