Las elecciones del domingo 29 de noviembre no solo concentrarán la atención en las sedes de los partidos políticos. El resultado también será seguido de cerca en las direcciones de compañías como Telefónica, Navantia, Indra, Redeia o Enagás, donde no están en disputa escaños, sino la continuidad de algunas de las principales cúpulas empresariales del país.

El Estado participa en diez empresas cotizadas, siete de ellas integrantes del Ibex-35, con un valor conjunto próximo a los 50.000 millones de euros a precios de mercado. A esta presencia se añade la red de sociedades totalmente públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Gobierno. Aunque ambos ámbitos tienen una naturaleza jurídica distinta, se encuentran bajo la influencia de Moncloa.

La participación pública y los cambios en las cúpulas

No todos los presidentes de estas compañías dependen formalmente del Consejo de Ministros. Telefónica no funciona como Correos, del mismo modo que el control estatal en Enagás no equivale al que ejerce sobre Navantia, de la que posee el 100%. En las empresas cotizadas, las decisiones corresponden a los consejos de administración y a las juntas de accionistas. Sin embargo, los precedentes recientes reflejan que una participación pública relevante puede trasladarse a una notable influencia en la elección de sus máximos responsables.

El caso de Telefónica ofreció una de las imágenes más claras. El viernes 17 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete acudió al complejo gubernamental y, al día siguiente, un consejo extraordinario cerró una presidencia de casi nueve años para designar a Marc Murtra. El relevo se produjo después de que el Estado elevara hasta el 10% su participación en la operadora, que vinculó el cambio a su «nueva estructura accionarial».

En Indra, la influencia pública volvió a manifestarse un año más tarde. Ángel Escribano recibió fuertes presiones desde la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, dirigida por Manuel de la Rocha, durante la crisis por la posible integración de la empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering en el grupo español de defensa. La SEPI, accionista principal con un 28%, expresó públicamente su preocupación por el conflicto de interés. La operación fue retirada al día siguiente y Escribano dimitió el 1 de abril. Su sustituto fue Ángel Simón.

No era un episodio aislado. En 2021, la SEPI ya había promovido la salida de Fernando Abril-Martorell de Indra al sostener que el primer ejecutivo debía contar con la «plena confianza de su principal accionista». Un año después, la salida de varios consejeros independientes motivó una investigación de la CNMV.

También hubo movimientos significativos en otras compañías. En Red Eléctrica, Jordi Sevilla dimitió en 2020 alegando «restricciones externas sobrevenidas», tras meses de fricciones regulatorias. En Aena, Maurici Lucena accedió a la presidencia apenas un mes y medio después de la moción de censura de 2018.

Desde que la SEPI reforzó su presencia en Indra y entró en Telefónica, ambas empresas han acumulado 92 movimientos de altos cargos y consejeros. Los procedimientos pueden variar, pero se repite una misma pauta: una posición estatal relevante puede proporcionar una capacidad de influencia que trasciende el cobro de dividendos.

La SEPI, centro de la presencia empresarial del Estado

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al Ministerio de Hacienda, ocupa una posición central en este entramado. A diferencia de una empresa cotizada, su presidencia es nombrada directamente por el Gobierno mediante real decreto. Además de gestionar las sociedades que controla íntegramente, la SEPI autoriza, a propuesta de su presidencia, el nombramiento de los consejeros que la representan en sus participadas.

En Telefónica, el representante de la SEPI es Carlos Ocaña, que también ocupa la vicepresidencia. En Redeia, el asiento del Estado en el consejo corresponde a José Luis Navarro, mientras que en Enagás la representación de la sociedad estatal recae en Bartolomé Lora.

Desde marzo de 2021, la SEPI está presidida por Belén Gualda, ingeniera de Caminos y expresidenta de Navantia. Gualda llega a la cita electoral con un procedimiento judicial abierto: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó el pasado junio investigarla, junto a otras 24 personas, en una pieza del denominado caso Leire Díez. La causa sigue abierta y su condición de investigada no implica culpabilidad.

El precedente de 2018

Un cambio de Gobierno situaría la presidencia de la SEPI entre los cargos más expuestos a un relevo. El antecedente de 2018 resulta ilustrativo: Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, aprobada el 1 de junio de 2018. Siete semanas después, el 19 de julio, el consejo de administración de la SEPI aprobó de una sola vez el relevo de ocho presidentes de empresas públicas.

Fueron sustituidos los responsables de Correos, Navantia, Tragsa, Hunosa, Enusa, EFE, Saeca y Cetarsa. Algunos de los perfiles elegidos evidenciaban su procedencia política: Serrano llegaba desde la jefatura de Gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE y Berlanga contaba con una trayectoria ligada al socialismo valenciano. Parte de los nombrados aquel verano continúa hoy en sus puestos, como Jesús Casas en Tragsa y Juan Andrés Tovar en Cetarsa, mientras que otras presidencias han tenido distintos titulares.

La convocatoria electoral coincide, además, con decisiones empresariales relevantes. Indra presentará el 25 de noviembre, cuatro días antes de la votación, su nueva hoja de ruta en un contexto de expansión del gasto en defensa. Telefónica afronta la ejecución del plan Transform & Grow 2026-2030, con el objetivo de consolidarse como una de las grandes operadoras europeas. La compañía también acaba de reorganizar su negocio en España en tres grandes unidades para simplificar la estructura y agilizar la toma de decisiones.

El próximo Gobierno deberá abordar tanto estos proyectos industriales como el futuro de las participaciones públicas: mantener, reducir o reforzar el 10% de Telefónica y el 28% de Indra.

Los reguladores mantienen mandatos más allá del ciclo electoral

Un eventual nuevo Ejecutivo no podría, sin embargo, renovar de forma inmediata las direcciones de los principales organismos económicos y reguladores. Los mandatos de sus máximos responsables se prolongan durante años y, en algunos casos, alcanzan buena parte de la siguiente legislatura.

El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) están diseñados para asegurar continuidad frente a los ciclos políticos. Sus estatutos contemplan mandatos de seis años que no coinciden con las elecciones, con el objetivo de preservar su independencia. No obstante, la sucesión de nombramientos, algunos realizados en los últimos momentos, deja un mapa de responsables y contrapesos con perfiles progresistas al frente de decisiones relevantes.

La CNMC, con mandato hasta 2032

La renovación del consejo de la CNMC realizada este verano permitirá a su presidente, Juan José Ganuza, y al resto de consejeros mantenerse hasta 2032. Entre los asuntos más sensibles que deberá resolver figura la investigación a seis bancos cotizados por sus políticas comerciales en las hipotecas a tipo fijo, iniciada por la anterior presidenta, Cani Fernández, durante su última semana al frente del organismo.

La energía será otro de los grandes ámbitos de actuación. La CNMC tendrá que decidir sobre los expedientes vinculados al apagón de 2025, un proceso del que se esperan las primeras sanciones y que puede condicionar la política regulatoria energética de la próxima legislatura.

La supervisión empresarial y financiera también seguirá bajo la dirección de la CNMV, presidida por Carlos San Basilio hasta 2030. El organismo mantendrá el control de la supervisión bursátil y de las grandes operaciones de concentración empresarial conforme a la hoja de ruta estratégica aprobada para los próximos seis años.

Su consejo incluye asimismo vocales de marcado perfil político, como Mariano Bacigalupo, marido de la comisaria europea y exministra socialista Teresa Ribera, cuyo mandato fue renovado hasta 2028, y Ángel Estrada, exasesor de José Luis Escrivá, con mandato hasta 2032.

José Luis Escrivá al frente del Banco de España

En el ámbito macroeconómico, el Banco de España se perfila como uno de los principales supervisores de la política fiscal del futuro Ejecutivo. Está dirigido por el exministro José Luis Escrivá hasta 2030, tras llegar desde el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, después de haber sido ministro de Seguridad Social. Le acompaña la subgobernadora Soledad Núñez.

Ocho de los nueve consejeros del supervisor se encuentran alineados con la etapa saliente. Las previsiones de PIB, las auditorías de la reforma de las pensiones y las advertencias sobre el déficit público surgirán de un Consejo de Gobierno en el que la futura oposición apenas conservará un representante: Fernando Fernández, cuyo mandato concluye en 2029.

El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá un papel destacado en el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares. Mientras el PP ha defendido durante el último año prolongar la vida útil de las plantas, el pleno del organismo cuenta con una mayoría afín al bloque actual y mandatos que llegan hasta 2031. Entre sus integrantes figuran la exsecretaria de Estado Silvia Calzón y la exparlamentaria socialista Pilar Lucio, vicepresidenta del CSN.

El organismo deberá emitir los informes técnicos necesarios para decidir sobre la continuidad de las centrales más allá de 2030, después de haber intervenido ya en el procedimiento relativo a Almaraz.