La vivienda, de preocupación secundaria a principal problema
Cuando el llamado «Amado Líder» comenzó a ganar respaldo popular en 2018, la vivienda ocupaba el puesto número 16 entre las preocupaciones de los españoles. Más de siete años después, tras un periodo que el autor califica de inacción, seguido de diez días de intensa actividad política y una sucesión de decretos presentados, rechazados y posteriormente replanteados mediante la Diputación Permanente del Congreso, el problema ha pasado a situarse en la primera posición.
La inquietud no responde, según se expone, a una percepción meramente subjetiva. En el ámbito de la vivienda existen datos que respaldan el creciente malestar de los ciudadanos.
Más población, menos oferta y precios al alza
Desde 2018, la población española ha crecido en más de tres millones de personas. Al mismo tiempo, se han creado 1,34 millones de nuevos hogares, una cifra que supera ampliamente el número de viviendas construidas durante ese periodo.
Esta diferencia entre la demanda y la construcción de inmuebles ha coincidido con un aumento del 74% en el precio de los pisos y del 45% en los precios de las viviendas ofertadas en alquiler. El Gobierno sostiene que ha adoptado medidas, aunque el artículo cuestiona su alcance y eficacia.
El efecto de la intervención sobre propietarios e inquilinos
Las políticas aplicadas han insistido en la intervención del mercado y en la penalización de los propietarios. El planteamiento crítico del texto sostiene que estas medidas acaban perjudicando también a los inquilinos, bien mediante precios más elevados, bien reduciendo el número de viviendas disponibles.
En los primeros cursos de Economía se estudia la relación entre la oferta y la demanda: cuando la oferta disminuye más que la demanda, el precio del bien se ve afectado. Desde esta perspectiva, las intervenciones sobre los precios y las restricciones contractuales no habrían conseguido contener la escalada de precios ni la escasez.
De hecho, la oferta de pisos de alquiler se habría reducido en 393.000 unidades desde el inicio de estas políticas.
Los 10.000 millones localizados en el ICO
Tras la sucesión de decretos, el Gobierno ha anunciado 10.000 millones de euros para los nuevos compradores. El texto cuestiona el origen de estos fondos ante la ausencia de presupuestos y utiliza la imagen de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, los tenía anotados en un «post it» olvidado en la nevera.
Según se explica, los recursos proceden del cajón del ICO y de remanentes correspondientes a partidas no ejecutadas. Con ellos se pretende asimismo completar distintas bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios.
La conclusión crítica es que el Ejecutivo logra afrontar estas medidas sin aprobar Presupuestos, recurriendo a ajustes y recursos disponibles.