El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que podría cambiar el panorama laboral para miles de trabajadores temporales en España. La decisión del tribunal permite a los trabajadores temporales del sector público obtener un puesto permanente si no han logrado una plaza indefinida a través de los macro procesos de estabilización que están llevando a cabo las distintas administraciones públicas.
Los interinos del personal laboral podrían beneficiarse de este fallo, aunque todavía no se ha concretado cuántos de estos trabajadores podrían quedar sin un puesto fijo después de estos concursos. La sentencia, no obstante, no se aplica a los funcionarios interinos.
El Gobierno ahora se ve obligado a realizar cambios legislativos para adaptarse a la sentencia. Fuentes consultadas del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido actualmente por José Luis Escrivá, han afirmado que todavía están estudiando el fallo judicial y no han hecho comentarios al respecto.
La sentencia del TJUE ha cuestionado el sistema de indemnizaciones introducido en 2021 para los trabajadores interinos que sean cesados. Los magistrados han afirmado que este sistema, que ofrece una compensación de 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 mensualidades, no se ajusta a la norma europea.
Los jueces argumentan que la compensación por extinción de contrato no previene los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada. El hecho de que la ley española no diferencie entre los trabajadores interinos que han estado en fraude de aquellos que abandonan la administración después de tres años, indica que la medida no tiene carácter disuasorio para las administraciones.
El tribunal europeo ha criticado severamente la legislación española, que fue elaborada específicamente por el Gobierno para limitar el abuso de la temporalidad que ha estado presente en el sector público durante décadas. Esta legislación fue aprobada bajo la dirección del entonces ministro Miquel Iceta, en respuesta a las múltiples sentencias europeas que criticaban a España por la utilización excesiva de la figura del interino.
La sentencia del TJUE se refiere a la figura del trabajador público indefinido no fijo, una categoría que ha surgido como resultado de la jurisprudencia previa. Este trabajador es un empleado del personal laboral que no ha obtenido la plaza de funcionario a través de las vías habituales, pero que ha ocupado durante mucho tiempo una plaza estructural y, por lo tanto, se considera indefinido.
Los jueces han analizado la normativa española y los procesos extraordinarios para consolidar miles de plazas en toda España. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat ha completado parcialmente sus procesos de estabilización. De 59.000 plazas ocupadas en 2021 por interinos, ya se han estabilizado 12.200.
Los magistrados del TJUE han señalado que la convocatoria de estos procesos puede prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada. Sin embargo, también han afirmado que estos procesos de estabilización son necesarios, pero no suficientes para combatir los abusos de la temporalidad por parte de las administraciones. Esto se debe a que no garantizan que estos procesos se convoquen efectivamente y que no parece que puedan evitar la utilización abusiva de sucesivas relaciones laborales de duración determinada.