El reciente anuncio de la segregación del regulador energético de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reavivado las preocupaciones sobre la independencia de la entidad. Aparentemente, las funciones de la recién creada Comisión Nacional de la Energía (CNE) serán muy similares a las actuales, con la adición de nuevas áreas de estudio como el hidrógeno verde y objetivos como la descarbonización. Sin embargo, este movimiento ha reabierto el debate sobre la independencia de un organismo que se creó con este carácter, en un momento crucial para futuras decisiones que influirán en la dirección del sector energético.

La CNE no es un organismo nuevo. Fue creada en 1995 como la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, y funcionó como la Comisión Nacional de Energía desde 1999 hasta 2013. En ese año, el Partido Popular decidió unificar los reguladores sectoriales, que incluían la CNE y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), entre otros, con la autoridad de competencia. El objetivo de esta fusión fue reforzar su independencia, garantizar la seguridad jurídica y la confianza institucional, y adoptar una visión integradora.

Desde entonces, la decisión de dividir la CNMC ha sido objeto de debate constante. En 2017, la segregación fue parte de un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, dirigido en ese momento por Mariano Rajoy, el mismo presidente que creó la CNMC. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo debido a la enorme presión ejercida por el lobby del organismo, entonces dirigido por José María Marín Quemada.

El argumento principal del actual gobierno para la segregación es la necesidad de especialización en un sector tan complejo, como es el energético. Sin embargo, este argumento pierde fuerza al compararlo con sectores como las telecomunicaciones y el audiovisual, que están experimentando una revolución digital y cuya ‘agencia’ sigue siendo parte de la CNMC.

La pregunta que surge es si la creación de este regulador energético tiene como objetivo principal garantizar el buen funcionamiento del mercado o si actuará como una especie de extensión del gobierno. Los expertos coinciden en que la clave estará en los nombres que formarán el consejo de la nueva CNE, compuesto por siete personas con más de cinco años de experiencia en tareas similares y ratificadas por el Congreso de los Diputados.

La nueva CNE se espera que sea más ágil en la elaboración de informes, estudios y análisis, lo que contribuiría a una mayor transparencia. Uno de sus mayores retos será la regulación de los peajes de luz y gas, que es el dinero que las compañías eléctricas y gasistas cobran por el uso de sus redes y que los consumidores pagan a través de la factura.

La dirección de energía de la actual CNMC no recibió estas competencias del Gobierno hasta 2019, y cuando lo hizo, aplicó recortes. Después de años criticando la sobrerretribución de muchas de estas compañías, la CNMC anunció un recorte que tuvo un gran impacto en las empresas y en sus cotizaciones.

A falta de un año para 2025, se espera que la CNMC entre en un periodo de inacción, mientras el nuevo organismo se encarga de dictar las nuevas retribuciones de las empresas energéticas para el siguiente quinquenio. El sector espera obtener más dinero.

El gobierno planea aprobar la segregación por la vía de urgencia y publicarla en el BOE antes de final de año. A partir de entonces, se contará con un máximo de cuatro meses para que el nuevo organismo esté formado y comience a funcionar.