En medio del clamor de las protestas de los agricultores que resuenan en el escenario europeo, los gobiernos de la región han dado su aprobación este martes a la propuesta de aligerar las obligaciones medioambientales impuestas por la Política Agrícola Común (PAC). La iniciativa tiene como objetivo principal facilitar el acceso a las ayudas europeas y, de esta forma, disminuir la carga administrativa que actualmente soporta el sector primario europeo. Este esfuerzo para relajar las normativas se encuentra dentro del paquete de emergencia presentado por la Comisión Europea a mediados de marzo. Entre las medidas más destacadas del paquete se encuentra la exención a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas, de los controles y las sanciones que acarrea el incumplimiento de condiciones.
Según explicó el Consejo, se espera que esta medida alivie significativamente la carga administrativa relacionada con los controles para los agricultores y las administraciones nacionales, mientras se mantienen los objetivos medioambientales. Aproximadamente el 65% de los beneficiarios de la PAC estarán afectados por esta disposición. Sin embargo, estos beneficiarios representan solo alrededor del 10% de las tierras agrícolas. Para el caso de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reveló que alrededor de 345.000 agricultores estarán exentos, lo que representa más del 50% de los beneficiarios de la PAC en el país.
La decisión se tomó este martes, con la reserva de Alemania como única excepción, durante una reunión preliminar del Comité Especial de Agricultura. Los veintisiete representantes de los Estados miembros de la Unión Europea participaron en la reunión. A continuación, el Parlamento Europeo deberá confirmar la decisión mediante un procedimiento de urgencia. Esto permitirá que la decisión pueda ser tomada en primera lectura durante su última sesión plenaria, que se llevará a cabo entre el 22 y 25 de abril. Según el ministro Planas, una vez que el paquete sea formalmente adoptado, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.
El ministro belga, David Clarinval, destacó la importancia de escuchar a los agricultores y tomar medidas rápidas para responder a sus preocupaciones. En su opinión, la revisión específica de las normas establece el equilibrio adecuado entre una mayor flexibilidad para los agricultores y los Estados miembros y la reducción de la carga administrativa. Todo esto, sin perder de vista el alto nivel de ambición medioambiental en la Política Agrícola Común.
El objetivo de la revisión es proporcionar al sector la flexibilidad necesaria para cumplir con las nueve condiciones agrarias y medioambientales requeridas a cambio de los subsidios agrarios. Los cambios permitirán a los Estados miembros introducir derogaciones temporales y específicas en caso de que los agricultores no puedan cumplir debido a condiciones climáticas imprevistas como sequías o inundaciones.
Los Estados miembros tendrán más flexibilidad para decidir qué suelos proteger y en qué estación, en función de las especificidades nacionales y regionales. Aunque la rotación de cultivos seguirá siendo la práctica principal, los Estados miembros podrán utilizar la diversificación de cultivos como alternativa. Esta medida es especialmente exigente para los agricultores en zonas sujetas a sequía o a precipitaciones elevadas. Por último, los agricultores solo estarán obligados a mantener elementos no productivos como árboles y se les incentivará, de forma voluntaria, a mantener las tierras en barbecho o a crear nuevas características paisajísticas mediante planes ecológicos.
El ministro Planas celebró la revisión, afirmando que recoge «enteramente todas las peticiones del Gobierno español». Sin embargo, también defendió la necesidad de seguir avanzando con otras propuestas menos avanzadas, como la reforma de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Según Planas, la revisión debe incluir medidas que ya ha incluido España en la ley de la cadena alimentaria como los contratos por escrito, la creación del observatorio de la cadena alimentaria para los costes, precios y márgenes empresariales y lo relativo a las transacciones dentro de la UE que deben ser reforzadas.