La nueva arquitectura fiscal de la Unión Europea ha superado uno de sus últimos obstáculos este martes con la aprobación de la reforma de las reglas fiscales en el Parlamento Europeo. Esta nueva arquitectura otorgará a los gobiernos más flexibilidad para diseñar sus sendas de ajuste presupuestario al tiempo que establece requisitos más estrictos de reducción del déficit y la deuda pública.
El voto, que no ha presentado sorpresas, ha logrado un fuerte respaldo y ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales. La reforma, que lidera Bélgica, será adoptada este viernes por los embajadores permanentes en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) y el próximo lunes 29 de abril por los ministros de agricultura de la UE sin debate.
A pesar del fuerte respaldo, tanto los verdes como la izquierda han criticado la nueva arquitectura, alegando que conllevará “una austeridad a perpetuidad”. La francesa Manon Aubry ha denunciado que las nuevas reglas “impondrán una camisa de fuerza a todos los Estados miembros”, una afirmación respaldada por el ecologista Philippe Lamberts.
No obstante, la líder de los socialistas europeos, Iratxe García, ha valorado positivamente el acuerdo, alegando que «es sin ninguna duda mejor que no tener acuerdo y regresar a las viejas reglas». En el mismo sentido, el popular alemán Markus Ferber, coponente del informe, sostiene que la reforma «constituye un nuevo comienzo y un retorno a la responsabilidad fiscal», aunque advierte que solo tendrá éxito «si la Comisión la aplica adecuadamente».
El comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, ha valorado el resultado como «un buen compromiso» que ofrece un “equilibrio delicado” con nuevas reglas “más flexibles”, “orientadas” y “creíbles” que permitirán “una reducción gradual de la deuda pública sin socavar el crecimiento”. Gentiloni también ha destacado que las nuevas reglas ayudarán a “proteger el nivel de inversión pública» para «financiar las transiciones verde y digital, salvaguardar nuestro modelo social y garantizar la seguridad del continente”.
Para Gentiloni, la nueva arquitectura es «inequívocamente mejor que las normas existentes» por cuatro motivos: fortalecerán los incentivos para la inversión pública en áreas como la transición verde y digital y la defensa; establecerán un camino creíble para la «necesaria reducción de la deuda»; garantizarán que los Estados miembros se apropien de sus políticas fiscales; y darán un mayor protagonismo a los aspectos sociales y consideraciones climáticas.
Las nuevas normas, presentadas por el Ejecutivo comunitario un año atrás, ofrecerán “más margen de maniobra a los Estados miembros” a la hora de fijar sus respectivas trayectorias fiscales. Una vez ratificado el acuerdo definitivo por el Consejo la próxima semana, se iniciará su implementación. El vicepresidente Valdis Dombrovskis ha solicitado que los Estados miembros presenten sus planes fiscales estructurales a medio plazo antes del 20 de septiembre.
Los países con déficit o deuda excesivos podrán solicitar un proceso de debate con la Comisión antes de recibir orientaciones sobre la trayectoria del gasto. Un Estado miembro podrá solicitar que se presente un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación. Además, se ha reforzado el papel de las instituciones fiscales independientes nacionales, encargadas de investigar la idoneidad de los presupuestos y proyecciones fiscales de su gobierno.
Según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cumplir con las nuevas reglas fiscales exigirá a España un ajuste anual equivalente al 0,64% del PIB cada uno de los cuatro años, entre 2025 y 2028, lo que se traducirá en un ajuste anual de casi 10.000 millones de euros.