Después de 22 años de incertidumbre y especulaciones, el caso de la desaparición y asesinato de la joven viguesa Déborah Fernández, cuyo cadáver fue hallado en una cuneta, se ha cerrado oficialmente sin culpar a nadie. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional del caso, al no encontrar indicios suficientes en contra del único investigado, Pablo P.S.L., exnovio de la víctima y única persona señalada por el crimen durante más de dos décadas.
La jueza justifica su decisión explicando que el cuerpo de pruebas recopiladas contra el investigado «no es suficiente para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto«, a los efectos de iniciar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Concluye que «no constan indicios plurales y contundentes» para tal imputación.
De acuerdo con la resolución del juzgado, «ni los testimonios recabados, ni la exhumación del cuerpo de la víctima, ni la inspección de un arcón congelador propiedad del investigado» arrojaron «ningún resultado positivo para la investigación». También se hizo referencia al análisis del móvil de la víctima que había aparecido en dependencias policiales 16 años después de su desaparición, pero este tampoco aportó nada a la investigación.
Análisis de ADN y Hipótesis de la Acusación
El análisis de ADN confirmó que los restos de semen encontrados en la vagina de Déborah, así como en un pañuelo y un preservativo hallados junto a su cuerpo, y un pelo recogido en el lugar del hallazgo del cadáver, no se corresponden con la muestra tomada a Pablo P.P.S.L. Esta evidencia parece estar en línea con la hipótesis defendida por la acusación de que la escena del crimen fue manipulada para despistar a los investigadores.
Sin embargo, la jueza sostiene firmemente que «no bastan meras afirmaciones de sospecha», y que «no existen indicios de que el investigado y la víctima se vieran esa noche, ni del lugar de la muerte, ni aparece vestigio alguno del investigado en el cuerpo de la víctima o en el lugar donde este se encuentra».
En contradicción con la tesis defendida por la familia de la víctima, que sostiene que hay versiones contradictorias sobre lo que el exnovio hizo la tarde-noche de la desaparición de Déborah, la magistrada destaca que el investigado «explicó qué hizo esa noche y no se ha logrado evidenciar que fuera falso». Añade que «sus contradicciones y rectificaciones afectan a aspectos accesorios de su testimonio, pero no permiten afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que él estuvo con la víctima la noche de la desaparición y que además la mató, dejando su cuerpo en una cuneta».
La familia ha criticado duramente la investigación, a la que han denominado «negligente», y han reprochado el «tiempo perdido» en las pesquisas por la muerte de Déborah. A pesar de los obstáculos, su presión logró que el cuerpo fuese exhumado en 2021, revelando restos de ADN bajo las uñas que habían pasado desapercibidos en la autopsia inicial.
A pesar del cierre provisional del caso, la familia de Déborah insiste en que no se rendirán en su búsqueda de justicia. Su lucha y determinación son un recordatorio del impacto duradero y el trauma que generan estos crímenes violentos en las familias y las comunidades afectadas.
Este caso destaca la importancia de una investigación minuciosa y completa en los casos de asesinato y la necesidad de preservar y analizar adecuadamente todas las pruebas para facilitar la identificación y el enjuiciamiento de los responsables. Aunque el caso de Déborah Fernández puede haber llegado a un impasse legal, la búsqueda de justicia y la lucha contra la violencia siguen siendo cuestiones de vital importancia.