La Junta de Castilla y León avanza en su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

La Junta de Castilla y León no retrocede: Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

El Consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha ofrecido una declaración rotunda: «No se va a dar marcha atrás». La Junta de Castilla y León sigue adelante con su decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, una norma que fue aprobada en mayo pasado y que, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado este martes, está ahora en vigor.

González Gago, reafirmando el compromiso del presidente de la Junta, señaló que ya en noviembre de 2023 se encomendó a la Consejería de la Presidencia preparar el expediente para el recurso. «En ello estamos», afirmó el consejero. En sus declaraciones, explicó que este martes analizarán el texto publicado en el BOE, teniendo en cuenta las modificaciones y enmiendas existentes.

El proceso del recurso de inconstitucionalidad

Una vez que cuenten con el informe pertinente de los servicios jurídicos, enviarán el recurso al Consejo Consultivo de Castilla y León, un paso obligatorio antes de proceder a la interposición del recurso. Gago explicó que la rapidez con la que se interpondrá el recurso dependerá de lo ágiles que sean los órganos asesores en ejecutar estos pasos previos.

«En la medida en que sean ágiles y rápidos, la Junta interpondrá inmediatamente ese recurso», avanzó el consejero. Según él, existen suficientes argumentos para entender que esta ley orgánica es inconstitucional, pues vulnera el principio de igualdad y el estado de derecho con una figura que no está prevista en nuestra Constitución: la amnistía.

El consejero citó la ausencia de la figura de la amnistía en la Constitución de 1989, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones históricas. A partir de la publicación de la norma en el BOE, se abre un plazo de tres meses para la interposición de posibles recursos en plazo.

Una vez que culminemos los necesarios y preceptivos informes internos en la Junta, acudiremos al Tribunal Constitucional para que paralice esta ley orgánica que consideramos que es una aberración jurídica, desde el punto de vista técnico, para la defensa y el respeto a la Constitución», ha argumentado.

La interposición individual del recurso

Sobre la posibilidad de presentar ese recurso de forma conjunta con otras autonomías, el consejero ha subrayado que «la legitimación es individual» y ha explicado que cada autonomía podrá plantear este recurso de inconstitucionalidad o no, según su derecho de autogobierno. Por lo tanto, no habrá una coordinación. «Habrá escritos de interposición individuales por todas aquellas comunidades que consideren que es una ley que vulnera nuestra Constitución», ha repetido.

Este firme paso de la Junta de Castilla y León muestra la intención de la región de proteger el principio de igualdad y el estado de derecho, dos pilares fundamentales de la Constitución Española y la convivencia democrática. El recurso de inconstitucionalidad, en este sentido, se convierte en una herramienta de defensa de la legalidad y la justicia, y en una muestra de la voluntad de la Junta de actuar en defensa de sus ciudadanos y de la Constitución.