En las empresas españolas, la igualdad de género es un tema de creciente importancia, pero según datos recientes del Ministerio de Trabajo, casi la mitad de las empresas en el país están incumpliendo las normativas laborales en lo que respecta a los planes de igualdad. Según la ley, todas las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a tener un documento escrito que describa sus acciones para promover la igualdad de género. Este documento debe ser negociado con la representación legal de los trabajadores y registrado ante la autoridad laboral competente. Sin embargo, el 45% de las empresas registradas en la Seguridad Social no están cumpliendo con esta obligación.
Estos incumplimientos, si son detectados por la Inspección de Trabajo, pueden resultar en multas. Las cuestiones de igualdad de género son una de las primeras cosas que los inspectores buscan cuando visitan las empresas. En 2023, la Inspección de Trabajo llevó a cabo un total de 12.206 actuaciones relacionadas con la igualdad, ya sea en relación con los planes de igualdad o con otras formas de discriminación. Estas actuaciones resultaron en sanciones por un valor total de 3,5 millones de euros.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció recientemente que la ‘policía laboral’ había iniciado una serie de investigaciones en el mundo del fútbol tras el polémico beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso. El objetivo de estas investigaciones es verificar que los clubes de fútbol y la federación estén cumpliendo con las normativas laborales sobre igualdad de género.
Según Díaz, varios clubes de la Primera División, como el Espanyol y el Europa, ya han sido sancionados por no cumplir con las normativas. Sin embargo, el Fútbol Club Barcelona, que también fue investigado, ha publicado un comunicado en el que afirma que no ha sido sancionado, sino que simplemente ha recibido una solicitud de la Inspección para corregir algunas irregularidades.
Ya sean clubes de fútbol o empresas ordinarias, cualquier compañía con 50 o más empleados tiene la obligación de tener un plan de igualdad registrado formalmente ante la autoridad laboral. Este plan debe incluir, como mínimo, tres elementos: un protocolo contra el acoso sexual en el trabajo, una auditoría retributiva para evaluar si las mujeres en la empresa están recibiendo un salario comparable al de sus homólogos masculinos, y una serie de medidas para promover la igualdad efectiva entre géneros.
Pero no basta con tener un plan de igualdad. Este debe ser negociado con el comité de empresa de cada corporación, o, en su defecto, con una comisión ad hoc creada para ello, o, en su defecto, con los sindicatos más representativos en el sector. Además, no basta con tener estos documentos elaborados y guardados en un cajón; deben ser registrados ante la autoridad laboral para que esta pueda certificar que cumplen con los requisitos mínimos de forma y contenido.
De las 32.009 empresas españolas con 50 o más empleados que están registradas en la Seguridad Social, solo 17.656 han cumplido con estos requisitos. Aunque el incumplimiento de la normativa es generalizado, se ha moderado desde los primeros años de la implementación de la ley. En 2020, cuando se aprobaron los reglamentos para implementar la ley de igualdad, menos del 20% de las empresas cumplían con los requisitos.
Las multas por no tener un plan de igualdad debidamente registrado son relativamente bajas, especialmente para las empresas con altas facturaciones. Según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), no tener un plan de igualdad registrado puede resultar en multas de 7.501 euros.
Sin embargo, si una empresa carece de un plan de igualdad porque está intentando ocultar una discriminación por género, o si se niega repetidamente a negociar un plan de igualdad, las multas pueden ser mucho mayores. En un caso reciente, la Audiencia Nacional impuso una multa de 73.000 euros a la empresa Aspy Prevención S.L.U. por negarse a tener un plan de igualdad. Además, la empresa fue multada con 144,68 euros por cada día que tardara en negociar y registrar formalmente su plan.
En casos extremos, la autoridad laboral puede imponer sanciones de hasta 225.000 euros por incumplimientos manifiestos, reiterados y graves de la ley de igualdad. Aunque estos casos son raros, la ‘policía laboral’ suele imponer multas en las franjas más bajas. En 2023, las actuaciones inspectoras afectaron a empresas que empleaban a 224.695 trabajadores.