La Industria Española y la Lucha por la Competitividad Energética
La gran industria de España, compuesta por grandes grupos industriales con presencia significativa en el mercado local, ha expresado su preocupación por la dificultad de competir con sus rivales europeos debido al costo de la electricidad. En comparación con Francia y Alemania, las empresas españolas se ven perjudicadas por el menor nivel de descuentos y bonificaciones en la factura eléctrica que reciben. En respuesta a esta situación, la industria está pidiendo al gobierno español que proporcione más ayuda y descuentos.
La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que representa a unas treinta grandes empresas industriales con fábricas en España, está buscando una reducción masiva en su factura eléctrica. La AEGE desea lograr esto a través de la reducción de impuestos, la introducción de nuevas bonificaciones, la eliminación de cargos específicos y la modificación de otros aspectos.
Jordi Hereu, quien lidera el Ministerio de Industria, ha iniciado un proceso de consulta pública para recibir propuestas para reformar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Este estatuto establece los requisitos para que los grandes clientes de electricidad puedan acceder a ciertas bonificaciones. El objetivo principal del Ministerio es simplificar la burocracia, reducir las cargas administrativas y acelerar el procedimiento para reconocer a las grandes industrias como electrointensivas, facilitando así la entrega de las ayudas ya reconocidas.
La Búsqueda de una Reforma Integral
AEGE planea utilizar este proceso de consulta pública para pedir una reforma mucho más amplia del Estatuto de los Electrointensivos y solicitar mayores descuentos en su factura. Según Pedro González, director general de AEGE, «El Estatuto con las ayudas actuales está muerto. Aprovecharemos la consulta pública previa para pedir más cosas. Necesitamos que el Estatuto de Electrointensivos tenga mayor alcance». La asociación industrial está buscando reformas que equiparen sus condiciones a las de sus competidores en Francia y Alemania.
La AEGE planea solicitar una reforma integral del marco regulatorio de los electrointensivos para poder beneficiarse de más descuentos. Esta reforma incluiría la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), la eliminación del cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y la revisión de otros aspectos fiscales y de los cargos por costes ligados a la política energética.
La AEGE, que representa a gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, lamenta que las bonificaciones para los consumidores electrointensivos ascendieran a solo 29 millones de euros el año pasado. Esto significa que las grandes empresas industriales recibieron una ayuda promedio de 63.000 euros, a pesar de que estas empresas generalmente enfrentan facturas eléctricas anuales de entre 10 millones y 200 millones de euros.
El Impacto de los Costos Eléctricos y las Emisiones de CO2
Este año, la gran industria española pagará la electricidad a un promedio de casi 60 euros por megavatio hora (MWh), un 161% más que sus homólogos franceses (menos de 23 euros por MWh) y un 65% más que los grupos alemanes (36 euros por MWh). AEGE advierte que estas circunstancias hacen que sea difícil competir y advierte del riesgo de deslocalización de grupos industriales.
Paralelamente, la gran industria ha estado pidiendo durante mucho tiempo que se aumenten las ayudas directas que sirven para reducir el impacto de los costes de la electricidad en sus cuentas y su competitividad frente a sus rivales europeos. Los grandes grupos industriales se benefician cada año de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2. Sin embargo, las empresas se quejan de que los importes destinados en los últimos años han sido insuficientes y están exigiendo que se tripliquen las ayudas que recibirán este año.
Las expectativas de AEGE son elevadas, ya que calculan que tienen derecho a compensaciones por un importe de 850 millones de euros, lo que supondría un aumento de casi un 250% en relación a la cuantía de los dos últimos años. La recaudación por las subastas de derechos de emisión de CO2 ascendió el año pasado a 3.600 millones y la Ley de Cambio Climático permite repartir un 25% de esos fondos entre la industria en riesgo de deslocalización y cubrir hasta un 75% de estos costes indirectos.
La Comisión Europea aprobó el año pasado una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para toda una década. El nuevo programa permitirá a España destinar un máximo de 8.510 millones entre 2022 y 2031. Con estos nuevos límites presupuestarios y el aumento de los precios del CO2, la patronal de la gran industria electrointensiva justifica su reclamación de más que triplicar la partida de ayudas para este año.