La Generalitat de Catalunya ha obtenido la aprobación legal para rescindir el contrato con la empresa Cegos, a la que se le asignó la tarea de organizar las oposiciones celebradas el 29 de abril del año pasado. Estos exámenes, marcados por aulas llenas, acusaciones de copia, teléfonos móviles ocultos bajo los pupitres y otras irregularidades, se convirtieron en uno de los más masivos hasta la fecha para acceder a un empleo en la Generalitat.
El desorden y la polémica en torno a las pruebas afectaron a un total de 13.534 personas, quienes tuvieron que repetir las oposiciones. Este incidente empañó la imagen de la Generalitat, provocando indignación entre la oposición y los sindicatos, y culminó con el despido de la entonces directora general de Función Pública. Ahora, el Gobierno catalán está finalizando los trámites para reclamar «millonarias» indemnizaciones a Cegos, según fuentes consultadas por este medio de la conselleria de Presidència. Representantes de Cegos informaron a EL PERIÓDICO que el equipo legal de la empresa todavía está estudiando el dictamen.
Durante meses, la Generalitat esperaba la decisión de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, un importante órgano consultivo que finalmente ha dado su aprobación para rescindir el contrato administrativo con Cegos España Learning & Development, SA. El pasado 29 de febrero, esta comisión publicó su dictamen, en el que considera que la Generalitat ha actuado correctamente hasta ahora y puede rescindir el contrato con Cegos.
El valor del contrato era de 1,5 millones de euros, una cantidad que la empresa no llegó a cobrar. Por ahora, la Generalitat procederá a confiscar el depósito de garantía de 61.886,65 euros que la empresa depositó al presentarse a la licitación pública.
La Comissió Jurídica Assessora respalda la actuación de la Generalitat, validando su informe que acredita un «caos organizativo» responsabilidad de Cegos. El informe también confirma que Cegos subcontrató parte de la revisión de los exámenes a otra empresa, el Grupo Dara, algo explícitamente prohibido en la licitación pública ya que se trataba de información sensible.
Cegos, por su parte, se defiende afirmando haber cumplido con los requisitos del contrato público, tanto en el número de supervisores contratados (525 personas) como en la formación que recibieron para manejar cualquier problema. Cegos culpa a la Generalitat de los incidentes ocurridos el 29 de abril, afirmando que fue la Generalitat quien determinó el número de aulas y permitió que una persona se inscribiera en más de un examen ese día. Cegos también ha advertido que demandará a la Generalitat por los «daños y perjuicios» causados, reclamando un mínimo de 1,2 millones de euros.
Este era un paso esencial para que la administración catalana rompa formalmente toda relación con esta compañía y proceda a reclamarle «millones», según fuentes de la Presidència consultadas por EL PERIÓDICO. La cantidad exacta de la indemnización que se reclamará a Cegos todavía está siendo determinada por los servicios jurídicos del Govern y se espera que se haya resuelto en cuestión de «semanas».
Una vez que el Govern haya determinado el costo total del desastre, procederá a presentar una reclamación de cantidades a Cegos. Desde la administración catalana asumen que la empresa, cuyos ingresos dependen en parte de organizar procesos selectivos para todo tipo de administraciones, presentará un recurso ante los tribunales.
El litigio que se avecina será largo, ya que las partes podrán presentar recursos y, salvo que se llegue a un acuerdo para evitarlo, es probable que acabe pendiente del aval del Tribunal Supremo.
Las oposiciones que originaron esta discusión fueron las primeras cuya organización la Generalitat externalizó. Y, a juzgar por los resultados, la actual dirección de Funció Pública descarta de manera firme y definitiva volver a recurrir a la externalización, dado el desastroso precedente.