La Fiscalía Provincial de Córdoba despliega un doble frente de investigación en respuesta a las denuncias presentadas por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. Las denuncias se refieren a contratos para obras de mantenimiento en edificios municipales y colegios en el último trimestre de 2023 y la adquisición de 8.000 test por parte de Sadeco. Estos detalles se encuentran en los documentos oficiales remitidos por el Ministerio Público al líder socialista.
El primer tema de preocupación se refiere a un contrato dividido en cuatro lotes por 120.000 euros. Estos lotes se relacionan con la ejecución de pasos de cebra, paradas de bus y arreglos de fontanería en centros educativos. La contratación de una sola empresa para varios de estos lotes y la división de los mismos han suscitado sospechas.
Además, Hurtado denunció en marzo pasado que Sadeco había adquirido material a precio excesivo, en específico, a 40 euros por test, que es cuatro veces mayor que el promedio. Esta situación de sobreprecio llevó a Hurtado a solicitar una copia del expediente a la empresa municipal. En ese momento, el responsable de la empresa era David Dorado, concejal de Ciudadanos.
Procedimiento de urgencia y posible prevaricación
En respuesta a esta situación, se implementó un procedimiento de urgencia en el que se invitó a tres empresas: Clínicas Beiman, la adjudicataria especializada en medicina deportiva, Jmedis de El Puerto Santa María, una empresa de suministros, y SMD Servicios Médicos Deportivos de Sevilla, también con especialización en medicina deportiva. Los socialistas cuestionaron por qué no se invitó a otras empresas especializadas. Hurtado afirmó en su momento que el gerente de SMD Servicios Médicos Deportivos, quien también figuraba en la plantilla de Clínicas Beiman de Sevilla, firmaba la oferta.
En este escenario, la Fiscalía ahora está investigando un presunto delito de prevaricación. Para ello, está a la espera de los respectivos informes técnicos que avalen la legalidad de estos contratos. Estos informes han sido solicitados al órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local y a la Intervención, en el segundo de los casos. La investigación busca determinar si se realizó un estudio económico de precios para los test y cuántos contratos mantiene el Ayuntamiento con la clínica adjudicataria.
Este caso destaca la importancia de la transparencia en la contratación pública y el uso eficiente de los recursos municipales. Los contratos públicos, especialmente aquellos relacionados con la salud y el bienestar de la ciudadanía, deben ser adjudicados de forma abierta y competitiva para garantizar la mejor relación calidad-precio.
Además, subraya la necesidad de un monitoreo efectivo y una rendición de cuentas sólida en la gestión de los contratos públicos. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y a tener la seguridad de que se utilizan de la manera más eficiente y efectiva posible.
Este caso también pone de relieve el papel crucial que desempeñan los órganos de control en la supervisión de la contratación pública y la prevención de la corrupción. Su labor es esencial para asegurar que los procesos de contratación sean justos, transparentes y proporcionen un valor excepcional para los contribuyentes.
Finalmente, el caso destaca la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión de los contratos públicos. Es su deber asegurar que estos contratos se adjudiquen de manera justa y eficiente, y que proporcionen un valor excepcional para los contribuyentes.

