Las negociaciones políticas para una financiación singular de Catalunya: Análisis y perspectivas
Las negociaciones políticas en curso para garantizar que Catalunya tenga un ‘president’ en la Generalitat antes de la expiración del plazo de dos meses que se iniciará el próximo 26 de junio indican un posible anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre mejoras en la financiación de Catalunya. El objetivo principal sería fortalecer las posibilidades del candidato socialista, Salvador Illa.
Las negociaciones políticas entre el PSOE, ERC y Junts han dado lugar a la aspiración de una «financiación singular» para Catalunya. Esta aspiración es compartida por una gran parte de la sociedad catalana. Sin embargo, se plantea una cuestión crucial: ¿Qué se entiende por financiación singular?
ERC y Junts exigen para Catalunya una financiación similar a la del cupo vasco, que proporciona hasta el doble de recursos por habitante que el régimen común, además de un fondo de solidaridad para las autonomías menos ricas. Por otro lado, el PSC propone el ‘principio de ordinalidad’ y un consorcio tributario con el Estado. El Gobierno central, a su vez, se muestra dispuesto a atender las «singularidades» de Catalunya, pero dentro del régimen común y sin proporcionar detalles específicos.
Interpretaciones de la financiación singular y opiniones de expertos
Si por ‘régimen singular’ se entiende una fórmula similar a la del País Vasco – donde la Generalitat recauda todos los impuestos y luego paga un cupo al Estado por las competencias no transferidas – la respuesta general entre los expertos que participan en el debate público es clara: No es posible.
Los expertos que han sido consultados sobre este tema incluyen a Diego Martínez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide, Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense y Ángel de La Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Aunque no creen que sea posible adoptar una fórmula similar a la del País Vasco, los expertos sí ven margen para una cierta financiación singular para Catalunya. Martínez sugiere que se podría jugar con la definición de ‘población ajustada’ e incorporar algunas variables específicas de Catalunya, como el mayor nivel de precios.
Además, existe otra vía para atender la singularidad de Catalunya dentro del modelo actual, que implica actualizar y elevar la valoración de las competencias traspasadas. Sin embargo, Martínez admite que tanto esta vía como la anterior tienen una capacidad muy limitada para proporcionar más recursos a Catalunya.
Los tres expertos, Martínez, Onrubia y De la Fuente, coinciden en la necesidad de que el sistema de financiación autonómica respete el principio de ordinalidad y corrija los desajustes que actualmente sufren Madrid y Catalunya. En este sentido, De la Fuente resume: «Si una comunidad es la primera en aportar debe ser la primera en recibir».
Por último, el Gobierno también está considerando perdonar parte de la deuda autonómica contraída con el Estado, lo que puede ayudar a facilitar la negociación económica con Catalunya. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a perdonar a Catalunya 15.000 millones de su deuda con el Estado y a extender el mismo mecanismo de condonación de pasivos autonómicos al resto de las comunidades de régimen común.
Sin embargo, la propuesta de condonación de deuda y las negociaciones de financiación singular han suscitado preocupaciones entre las comunidades autónomas que reciben la menor financiación. Las comunidades de Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que actualmente están infrafinanciadas, ya han unido fuerzas para reclamar un fondo extraordinario y transitorio que compense la falta de reforma del actual modelo de financiación.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda no ha proporcionado detalles sobre cómo planea resolver la ecuación. Se descarta una reforma completa del sistema de financiación sin negociarlo antes con el PP, que gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas. Esto abre la puerta a soluciones temporales, aunque la propuesta de reforma del cálculo de la población ajustada lanzada en diciembre de 2021 fue rechazada por comunidades como Catalunya, Valencia y Madrid.