El proceso de transición hacia los vehículos eléctricos en España, un esfuerzo por descarbonizar el transporte, ha resultado ser una experiencia desalentadora para muchos conductores. Los programas de ayudas europeas, destinados a fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, han acabado convirtiéndose en un laberinto burocrático para aquellos que han intentado acogerse a ellos.
Un caso representativo es el de un conductor que en septiembre de 2021 decidió cambiar su viejo ciclomotor de gasolina por una moto eléctrica, en un esfuerzo por unirse a la movilidad sostenible y aprovechar una ayuda de 1.300 euros ofrecida por la administración para la baja de vehículos de gasolina. El proceso de adquisición de la moto, fabricada por la catalana Silence, fue sencillo. Sin embargo, la obtención de la ayuda prometida se convirtió en un arduo proceso.
El conductor completó el formulario necesario para solicitar la ayuda con la asistencia del concesionario. Aunque le advirtieron que el pago podría tardar meses, no esperaba que la espera se prolongara tanto.
En mayo de 2022, el conductor recibió una resolución del Institut Català de l’Energia que concedía la subvención. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que ese no era el final del proceso. En lugar de recibir el pago, se le indicó que ahora debía presentar toda la documentación necesaria, incluyendo la del ciclomotor de gasolina que ya había sido desguazado.
A pesar de las complicaciones, el conductor se esforzó en presentar toda la documentación necesaria, tanto a través de la plataforma digital de la Generalitat como en persona. Incluso después de superar problemas técnicos y de documentación, el conductor tuvo que enfrentarse a largos períodos de espera mientras su caso era procesado.
En la primavera de 2024, el conductor recibió una notificación de la Generalitat solicitándole que rellenara una declaración jurada. En un giro sorprendente, recibió una notificación posterior del ICAEN en la que se le pedía que justificara una subvención recibida para placas solares, a pesar de que no había adquirido ninguna.
El desorden burocrático culminó cuando al conductor se le informó que recibiría solo 1.100 euros de los 1.300 prometidos. El motivo fue que había desguazado su moto de gasolina antes, y no después, de hacer la factura de la moto eléctrica, una condición que desconocía.
Esta historia no es un caso aislado. Muchos propietarios de vehículos como el Dacia Spring esperan aún la ayuda prometida por el plan Moves, un programa lleno de complicaciones que ha llevado a la Unión Europea a cuestionar su eficacia.
El CEO de Renault, Luca de Meo, que también preside la asociación de fabricantes de automóviles (ACEA), ha abogado por la gestión directa de las ayudas desde la Unión Europea para evitar la burocracia de los gobiernos nacionales y autonómicos. La propuesta busca agilizar el proceso de cambio hacia los vehículos eléctricos, evitando que los conductores se enfrenten a procesos interminables que les desanimen de optar por la movilidad sostenible.