La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha instado al Ministerio de Hacienda a comenzar de inmediato y de manera determinada los trabajos preliminares y el diálogo con todas las administraciones públicas antes del Plan Estructural para el periodo 2025-2028. Este plan es un requisito que todos los gobiernos deben presentar en Bruselas antes del 20 de septiembre, en conformidad con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

La AIReF ha sugerido incluso que se convoque a la Conferencia de Presidentes autonómicos, dada la magnitud del ajuste presupuestario anticipado para los próximos años, que se estima en torno a los 40.000 millones de euros.

«Existe un elemento cierto y es que habrá que realizar un ajuste sobre el escenario inercial», ha comentado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, durante la presentación del ‘Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024’, que el organismo elabora cada año.

Herrero ha solicitado diálogos bilaterales con cada una de las comunidades autónomas, así como reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). La presidenta de la AIReF considera apropiado convocar una Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, dado el elevado peso del gasto autonómico sobre el total del Estado y la envergadura del ajuste que España deberá afrontar en los próximos cuatro años, dentro del marco de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

Según la AIReF, las nuevas reglas fiscales obligan a las cuentas de todas las administraciones públicas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024). El nuevo marco europeo permite distribuir el ajuste en un periodo más largo, de siete años, condicionado a ciertos compromisos de inversión. En este caso, la AIReF estima el ajuste anual necesario en el 0,43% del PIB (equivalente a un ajuste de unos 5.600 millones para cada uno de los siete ejercicios, con datos de PIB de 2024). De todas formas, se trataría de un ajuste aproximado de unos 40.000 millones (en euros de 2024) distribuidos en cuatro o en siete años.

Por el momento, la Autoridad Fiscal ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB para 2024 (desde el 1,7% al 2%) y sigue previendo que el déficit público del conjunto de las administraciones públicas disminuirá desde el 3,6% del PIB en 2023 al 3% en 2024. Para 2025, en ausencia de nuevas medidas, se anticipa un déficit del 2,9% y para los ejercicios siguientes se estima que esta variable se estabilizará en el entorno del 3,2% del PIB (por encima de la tasa de referencia del 3% que marcan las reglas fiscales europeas).

En lo que respecta a la deuda pública, se espera una reducción de su peso en el PIB hasta el 105,8% del PIB en 2024 y se prevé que aún se mantendrá en un elevado nivel del 104,3% del PIB en 2028 (muy por encima de la tasa de referencia del 60% que establecen las reglas europeas). De hecho, en su reciente Monitor de Deuda Pública, en marzo, la Comisión Europea sitúa a España entre los países con «riesgo alto» de sostenibilidad financiera a medio plazo. «Con este pronunciamiento de marzo parece razonable asegurar que habrá que hacer ajustes», ha concluido Cristina Herrero. «Lo que no sabemos es la cuantía», ha añadido, ya que dependerá de la metodología final que adopte la Comisión Europea. En cualquier caso, los cálculos propios de la Autoridad Fiscal sitúan el ajuste anual necesario en el 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (0,43 puntos de PIB si se reparte en siete años). «Este es el ajuste que permitiría cumplir con las especificaciones sobre deuda pública que establece el nuevo marco europeo», según la presidenta de la AIReF.