La Audiencia Provincial de Álava ha juzgado a un arrendador acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una de sus inquilinas en Vitoria, hechos que el procesado niega. El Ministerio Público solicita una condena de 9 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición a 11 años.

La denunciante alquiló una habitación para comenzar de nuevo

Fátima, nombre ficticio, abandonó Marruecos tras sufrir, según su relato, abusos sexuales por parte de su entonces marido, que la obligó a prostituirse. Después de llegar a Ceuta, sufrió otra violación que no pudo demostrar. Estas vivencias le provocaron un trastorno de estrés postraumático acreditado por especialistas médicos.

A comienzos de 2024, ya divorciada y madre de dos hijas, alquiló una habitación en un barrio de alto nivel de Vitoria con el propósito de iniciar una nueva vida. En la vivienda residían otros inquilinos y también el propietario. La mujer abonaba alrededor de 380 euros mensuales y, según explicó, existían normas estrictas sobre el ruido y las visitas.

Durante las semanas previas a los hechos denunciados, la mujer comentó de forma superficial a su hija mayor, que vive fuera del País Vasco, que en ocasiones percibía miradas libidinosas por parte de su casero.

Dos episodios denunciados en junio de 2024

La madrugada del sábado 22 de junio, el propietario llamó a la puerta de su habitación, presuntamente con el pretexto de reparar un enchufe. La denunciante declaró este miércoles ante la Audiencia Provincial de Álava que el hombre entró y la violó.

Una semana después, también cerca de la medianoche, se habría producido un segundo episodio. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el acusado la acorraló en el baño compartido con la misma intención. En esa ocasión logró librarse de él, aunque, según declaró a puerta cerrada con la asistencia de una traductora, sufrió tocamientos en zonas íntimas.

La víctima tardó en denunciar por miedo

Después de ambos sucesos, la mujer telefoneó a su hija y a un amigo, pero ninguno atendió las llamadas debido a la hora. A la mañana siguiente les relató lo ocurrido, según expusieron ambos testigos.

Su hija señaló por videoconferencia que su madre no quería presentar denuncia por sus experiencias anteriores, pues pensaba que no le creerían y también tenía miedo del arrendador. Un amigo de la denunciante manifestó igualmente que el hombre ya la había molestado con anterioridad.

El caso se conoció casi un mes después de los presuntos hechos, cuando la mujer habló con sus educadores sociales y estos alertaron a la Ertzaintza. Desde entonces, el acusado tiene prohibido acercarse o comunicarse con la denunciante, que cambió de domicilio.

Los forenses aprecian un agravamiento del trauma

Los peritos forenses que evaluaron a Fátima indicaron ante el tribunal que los episodios previos de estrés postraumático se agravaron tras los dos presuntos ataques de junio de 2024. El análisis médico sitúa la patología en un grado severo. Dos años después, su entorno sostiene que la mujer aún no ha superado lo ocurrido.

El acusado niega los hechos

El procesado rechazó haber cometido cualquier agresión sexual. Durante su declaración afirmó que el 6 de junio de 2024, dos semanas antes del primer hecho denunciado, la mujer se insinuó y ambos mantuvieron relaciones consentidas en la habitación de ella.

El acusado reconoció un desencuentro relacionado con un supuesto impago del alquiler, aunque, a preguntas del fiscal Josu Izaguirre, ofreció posteriormente varias versiones que, según se expuso en la vista, debilitaron su posición.

Peticiones de las partes

A la espera de sentencia, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel. La acusación particular, ejercida por Rosa Ana Lejarcegui, reclama 11 años de prisión. La defensa, representada por Mikel Rodríguez, pide la libre absolución de su cliente.