El Ministerio de Consumo de España lanza una investigación contra plataformas de alquiler turístico
En un reciente giro de eventos, el Ministerio de Consumo de España ha lanzado una ofensiva contra las plataformas de alquiler turístico. La dirección del Ministerio, encabezada por Pablo Bustinduy, anunció una investigación contra dichas plataformas por publicitar pisos sin licencia. Esta decisión fue impulsada por la confirmación de que un número significativo de estas viviendas están operando de forma ilegal. Esta información proviene de las autoridades autonómicas y municipales con competencia en este ámbito.
La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que publicitan. Aunque no se mencionan las empresas específicas a las que se ha dirigido, las principales plataformas de alquiler turístico en España son Airbnb y Booking.com.
Un enfoque en las grandes empresas de alquiler turístico
El comunicado del Ministerio aclaró que la investigación no se está dirigiendo a los individuos que alquilan sus viviendas, sino que se centra en la «actividad y responsabilidad» de los grandes arrendadores o empresas que gestionan grandes cantidades de pisos turísticos.
Después de la pausa provocada por la pandemia, el alquiler turístico ha experimentado un renacimiento en España. Según datos de Airdna, durante el primer trimestre de 2024, las viviendas turísticas en las 25 principales ciudades de España sumaron 287.000 plazas, un aumento del 11% en comparación con los niveles previos a la crisis del coronavirus. Sin embargo, existe un problema significativo con una porción importante de estas ofertas, ya que carecen de las autorizaciones administrativas exigidas y no están inscritas en el registro de la comunidad autónoma pertinente.
El Ministerio de Consumo sostiene que las plataformas que publicitan pisos turísticos ilegales podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales, según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Estas acciones podrían constituir una infracción que puede «generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada».
La apertura de esta investigación no prejuzga el resultado final de la misma. Sin embargo, la Dirección General de Consumo advierte que, con la información recopilada durante la consulta, se estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores. Estas sanciones pueden calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros. En casos extremos, las multas podrían incluso superar esta cantidad, llegando a ser de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Este anuncio de investigación llega pocos días después de que se impusieran multas de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas – Vueling, Volotea, Ryanair e EasyJet – por cobrar por el equipaje de mano. Este caso fue el resultado de una investigación abierta un año antes. A principios de mayo, este departamento también había abierto expedientes sancionadores a grandes operadores de comercio electrónico por posibles rebajas engañosas durante el ‘Black Friday’.