En un hito histórico para la justicia de tráfico de España, una víctima de un accidente de tráfico ha sido indemnizada con una suma de más de 3.300.000 euros. Esta es la primera vez que tal cuantía ha sido otorgada desde la publicación del nuevo baremo de autos. La compañía de seguros del conductor infractor ha sido condenada a pagar esta cantidad en concepto de responsabilidad civil.
Además de la indemnización económica, el conductor infractor enfrenta una sentencia de seis meses de prisión y una inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También ha sido privado de su derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de seis meses.
Este incidente trágico tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016. La víctima, identificada como N. P. R., una empleada de hogar, fue atropellada por un vehículo mientras cruzaba un paso de peatones señalizado en una localidad de Madrid. El impacto fue de tal magnitud que N.P.R. sufrió lesiones de extrema gravedad en todo el cuerpo, resultando en una hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que duró varias semanas.
A pesar de la gravedad de sus lesiones, N.P.R. fue afortunadamente capaz de sobrevivir. Sin embargo, se encontraba en un estado de gran vulnerabilidad asistencial y económica. Según Manuel Castellanos Piccirilli, abogado de N.P.R. del despacho MCP Abogados, la aseguradora del responsable del atropello inicialmente mostró pasividad en la situación. Sin embargo, después de un tiempo, la víctima fue trasladada a una clínica especializada en lesiones cerebrales para recibir rehabilitación por las graves secuelas que sufrió, que incluyen daño cerebral grave, epilepsia y otras lesiones graves en sus extremidades inferiores.
Una vez superados estos inconvenientes iniciales, la aseguradora asumió todos los costos sanitarios a través del Convenio de asistencia existente para estos casos. A partir de ese momento, la compañía de seguros colaboró plenamente con el abogado y la familia de la víctima.
Las secuelas de las lesiones de N.P.R. han sido calificadas con 99 puntos de un límite de 100 puntos, según el baremo legal vigente de valoración de daño corporal. La víctima ahora requiere de ayuda constante para realizar actividades diarias y necesita asistencia médica y fisioterapéutica regular para el resto de su vida. Su vivienda también tuvo que ser adaptada con aparatos técnicos y de apoyo para acomodar su tratamiento paliativo.
Manuel Castellanos, el letrado que representó a la víctima, ha señalado que, aunque el actual baremo mejora sustancialmente el anterior, sigue presentando deficiencias que limitan el principio de restitución íntegra de las víctimas. Ha criticado a algunos jueces por utilizar el texto del baremo para dificultar el total resarcimiento indemnizatorio, en lugar de facilitarlo.
La sentencia aún no es firme y se espera que la aseguradora la recurra, debido a su desacuerdo con la suma indemnizatoria que la jueza estima para el concepto de «ayuda de tercera persona». Por su parte, el despacho MCP Abogados también planea apelar, ya que considera que su cliente ha requerido cuidados de 20 horas diarias, en lugar de las 13,5 horas que la jueza ha estimado.
El caso de N.P.R. pone en evidencia la necesidad de una mayor protección para las víctimas de accidentes de tráfico, así como la importancia de un baremo de autos que garantice una justa indemnización para las víctimas. Aunque este caso es un paso en la dirección correcta, aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las víctimas de accidentes de tráfico reciban la compensación que merecen.