Una imagen de la central nuclear de Ascó, en Tarragona.

El Gobierno de España ha aprobado la gran subida de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes de desmantelar todos los reactores, de construir siete almacenes nucleares por todo el país y también un gran cementerio nuclear donde se guardarán los residuos radiactivos para siempre. Esta decisión, que ha sido definitiva, afectará de forma importante a las grandes eléctricas del país, propietarias de todas las centrales nucleares españolas.

Las grandes empresas han estado presionando conjuntamente durante meses para intentar frenar el golpe millonario que sufrirán sus cuentas por el alza de la tasa. Sin embargo, ahora parece haber una división entre los grandes operadores nucleares sobre la batalla legal contra la subida.

Divergencias entre las compañías eléctricas

Endesa e Iberdrola, dos de las empresas más grandes propietarias de las centrales nucleares en España, han mostrado diferencias en su estrategia. Las dos compañías eléctricas son socias y comparten accionariado en casi todas las plantas, pero sus estrategias sobre cómo combatir la subida de la tasa aprobada por el Ejecutivo no son coincidentes.

Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, está preparando un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto con el que el Gobierno ha dado luz verde a la subida de la tasa de las nucleares. Por otro lado, Endesa, controlada por la italiana Enel, está optando por ser más cautelosa y, de momento, no contempla abrir una guerra judicial para tumbar el subidón del recargo que abonan las centrales.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que contempla un incremento del 30% de la tasa que abonan las centrales nucleares para cubrir los costes de gestionar todos sus residuos radiactivos. El Ejecutivo suavizó su propuesta inicial de subida de la denominada ‘tasa Enresa’, dado que en un principio el incremento que preparaba el Ministerio era del 40%.

En aplicación del principio de ‘quien contamina paga’, las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que produce cada una de ellas. Las centrales financian los costes milmillonarios (unos 20.200 millones hasta final de este siglo) y la estatal Enresa se encarga de centralizar las labores de tratamiento de los residuos y de desmontaje de las plantas.

Impacto de la subida de la tasa

En total, dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares venían abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados. Tras la subida aprobada este martes, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza establecida por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 585 millones de euros (135 millones más que los abonos actuales).

La patronal Foro Nuclear ha venido denunciando en los últimos meses que la subida de la tasa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas. La patronal achaca esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y no quieren que se les repercuta.

El Gobierno, por su parte, ha rechazado la pretensión de las grandes eléctricas de bloquear durante varios años la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares. La patronal Foro Nuclear había reclamado que no se continuara con el proceso de subida de la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los dos recursos presentados por la asociación. Sin embargo, el Ejecutivo considera que tiene plena potestad para fijar una nueva tasa para cubrir los costes de la gestión de los residuos que se calculen en cada momento.

Por Daniel