En un movimiento audaz y potencialmente conflictivo, el Gobierno español ha decidido aumentar en un 40% la tasa que las grandes eléctricas deben pagar por sus centrales nucleares. Esta decisión ha sido recibida con resistencia por las empresas energéticas, que han iniciado una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el plan del Gobierno. El Foro Nuclear, una asociación de empresas que incluye a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, se opone a la creación de siete cementerios nucleares debido al enorme coste que esto conlleva y a la decisión final de no construir un único almacén nuclear en Villar de Cañas, Cuenca. Además, las compañías reclaman una revisión total de la fiscalidad que soportan los reactores para frenar la futura subida de tasas.
El aumento de la tasa se debe al Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno. Este plan, que es la hoja de ruta para la gestión de los residuos radiactivos, contempla la creación de un almacén nuclear en cada central, lo que supone un sobrecoste de 3.700 millones de euros en comparación con la previsión anterior de un solo almacén.
El Foro Nuclear ha presentado dos recursos contenciosos administrativos en el Tribunal Supremo contra el séptimo plan de residuos autorizado por el Gobierno en diciembre pasado y contra la decisión de abandonar definitivamente la construcción de un único Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas. La asociación nuclear está exigiendo que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) retome las actuaciones necesarias para poner en marcha este único cementerio nuclear.
En lo que respecta a la subida de tasas, el Foro Nuclear ha presentado alegaciones conjuntas compartidas por todas las grandes empresas eléctricas propietarias de las centrales. El proyecto de real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, pretende aumentar la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares. Esto supone un incremento del 39,5% con respecto a los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.
Las centrales nucleares pagan a Enresa una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que producen. Dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están abonando alrededor de 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos. Con el aumento propuesto por el Gobierno, los pagos anuales de las centrales nucleares aumentarán hasta cerca de los 630 millones de euros, es decir, 180 millones más que los abonos actuales.
Esta subida amenaza con provocar un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.
En respuesta a esta situación, las eléctricas han presentado una propuesta de reforma fiscal. Exigen que el sobrecoste del plan de residuos no sea financiado por las centrales nucleares y que se revise la fiscalidad que soportan los reactores.
Las nucleares solicitan que la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos se destine al fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los desechos nucleares, y no a las arcas públicas generales. También piden excluir del fondo de Enresa los costes del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas que paga la propia Enresa y que acaba repercutiendo de manera indirecta a las centrales.
El Foro Nuclear ha declarado que las centrales nucleares españolas están sujetas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso redundante, que penaliza su funcionamiento y gestión. Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares son esenciales para la transición energética debido a la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2. Este desafío llega en un momento en el que se están produciendo retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento.