El Gobierno aprueba medidas económicas que afectan a los ciudadanos y la industria

El pasado martes, el Gobierno aprobó una serie de medidas económicas que repercutirán directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Estas decisiones gubernamentales abarcan desde los precios de la cesta de la compra hasta el recibo de la luz y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Entre estas medidas, destaca la novedad de la supresión temporal del IVA en el aceite de oliva, una medida que trata de paliar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

El aceite de oliva, que hasta 2023 estaba gravado con un 10% y luego se redujo al 5%, pasará a estar exento de IVA hasta el 30 de septiembre. Esta medida sitúa al aceite de oliva en el grupo de alimentos básicos, junto al pan, la leche, los huevos, la fruta y las verduras. A partir de septiembre, el aceite de oliva tributará al 2%, para luego pasar al tipo superreducido de los alimentos básicos, que es el 4%.

Las pastas y el resto de aceites mantendrán el actual tipo del 5% hasta el 30 de septiembre, para después tributar al 7,5% hasta final de año y volver al 10% en enero.

Implicaciones para el IRPF y el sector eléctrico

En cuanto al IRPF, se ha decidido rebajarlo para eximir a quienes ganen el salario mínimo interprofesional (SMI), elevando el umbral de tributación a 15.876 euros anuales.

En el sector eléctrico, se extienden los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. También se prorroga la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre próximo. En este mismo apartado de la energía se extiende hasta final de año la flexibilidad para modificar, sin penalización, la potencia de los contratos de suministros de electricidad. Además, se otorga carácter indefinido al derecho de acceso a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de propietarios con calefacción y agua colectiva.

Las ayudas a la industria gasintensiva y electrointensiva se amplían hasta el final del ejercicio actual. De esta manera se pretenden compensar los costes adicionales derivados del aumento de los precios de la energía. A su vez se mantiene hasta acabar el año la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva.

Otro aspecto relevante, que busca aplacar la inquietud de la industria, es la prórroga hasta finales de año del Plan Moves III de ayudas a la compra de vehículos electrificados e instalación de puntos de recarga. Además, se establece una nueva partida de 50 millones de euros para el programa de transformación de las flotas de vehículos pesados, tanto en transporte de mercancías como de pasajeros por carretera.

El Ejecutivo también establece la libre amortización en el impuesto de sociedades para las inversiones efectuadas en 2024 (en el primer y segundo semestre) y en 2025 en nuevos eléctricos e infraestructuras de recarga. Esta medida se aplicará también a los autónomos que tributen por IRPF.

El Gobierno ha aprovechado la norma con medidas de prórroga para paliar los efectos de la subida de precios para incluir la subida salarial de los empleados públicos del 2% prevista para este año, que estaba pendiente y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Este incremento con efectos retroactivos supone una paguilla en julio de hasta 775 euros en el caso de la Generalitat.

Además, se habilita el alza adicional del 0,5% en el momento en el que se cumplan las condiciones requeridas para ejecutarla (si la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo aplicado durante esos años).

Por último, el Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales. De esta manera, las autonomías recibirán 154.467 millones, 19.983 millones más que en 2023. Las entidades locales recibirán 28.557 millones, 5.260 millones más que en 2023.