En un movimiento que refuerza las relaciones económicas entre España y los Emiratos Árabes Unidos, ambos países han acordado firmar un pacto para promover y proteger las inversiones recíprocas. Este acuerdo avanza en un momento crucial, con Abu Dabi preparándose para una entrada significativa como accionista de referencia de Naturgy, la principal gasista y tercera mayor eléctrica española, en una operación corporativa multimillonaria.
El Consejo de Ministros de España ha autorizado la firma del acuerdo con los Emiratos Árabes, un pacto ya acordado entre ambos países y que ha sido aprobado por la Comisión Europea. Mientras el Gobierno no ha proporcionado detalles sobre los términos del acuerdo, fuentes oficiales han enfatizado que este pacto bilateral ha sido gestado durante un largo período y no tiene ninguna relación directa con Naturgy.
El acuerdo bilateral para allanar las inversiones de manera recíproca se formalizará en medio de una gran maniobra corporativa que implica a ambos países y gobiernos. Taqa, una de las compañías energéticas estatales de Abu Dabi, está en negociaciones con los fondos CVC y GIP para comprar sus participaciones en Naturgy, que en total suman el 41,3%. Esta operación obligaría a Taqa a lanzar una opa sobre el 100% de las acciones del grupo, actualmente valoradas en 23.000 millones de euros. Taqa también está buscando una alianza con CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa y el mayor accionista de la energética española con un 26,7%, para mantener su participación en el accionariado.
El Gobierno español, que ha expresado anteriormente ciertos recelos sobre la entrada de Emiratos en el capital de una de las grandes energéticas del país, está dispuesto a apoyar la operación de Abu Dabi si se pacta con CriteriaCaixa. Esta empresa se convertiría en garante de la españolidad de la empresa y de los intereses estratégicos nacionales, siempre y cuando se contemple un plan industrial a largo plazo.
La entrada de Emiratos Árabes en Naturgy deberá ser autorizada por el Gobierno español, pasando el filtro del denominado ‘escudo antiopas’. Este es una legislación reforzada recientemente que requiere que los grupos extranjeros obtengan el permiso del Gobierno para adquirir participaciones superiores al 10% en compañías de sectores que se consideran estratégicos. Este permiso puede estar sujeto a condiciones específicas.
El Gobierno ya utilizó el ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso condiciones al fondo australiano IFM para aprobar su opa parcial, con la que buscaba tomar un 23% del capital. Esta operación fracasó, consiguiendo solo comprar alrededor de un 10% y posteriormente adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española.
Las condiciones para la entrada de IFM en el grupo energético incluyeron el apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, el mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, una política de prudencia en el reparto de dividendos, mantener una parte significativa de la plantilla en España, y una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligada a no respaldar la exclusión de la compañía de la bolsa durante tres años.
Los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) son tratados que buscan blindar mutuamente las inversiones por compañías de cada país en el territorio del otro, con obligaciones y garantías en ambos sentidos. Estos acuerdos suelen reflejar el trato justo y equitativo en función del derecho internacional, prohibición de medidas injustificadas o discriminatorias y el establecimiento de mecanismos para resolver discrepancias. Los APPRI firmados por España suelen tener una vigencia de diez años, que se va renovando por periodos de dos años a no ser que uno de los dos estados denuncie el acuerdo.