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El Fraude Millonario de las Gasolineras: Una Amenaza Creciente para el Sector Petrolero

El sector de las gasolineras y petroleras se encuentra en un estado de alerta debido al fraude milmillonario de empresas piratas en la venta de combustibles. El crecimiento exorbitante de estas prácticas fraudulentas está llevando a un gran número de empresas a la bancarrota debido a la competencia desigual generada por los precios artificialmente bajos de los combustibles.

Las asociaciones empresariales de petroleras y estaciones de servicio están uniendo fuerzas para exigir medidas urgentes que ayuden a controlar el incremento alarmante del fraude en el pago del IVA y otros cargos relacionados con su actividad. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que incluye a grandes petroleras como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor, junto con organizaciones de gasolineras independientes como Aevecar, UPI y CEEES, están pidiendo ayuda para un sector que se ve desbordado por la competencia desleal.

Estas asociaciones empresariales se quejan de la sensación de impunidad rampante en el sector y de cómo los defraudadores se benefician de la imagen de ser los que venden los combustibles más baratos. Esto les está permitiendo ganar la fidelidad de muchos conductores, según han advertido en una jornada sectorial celebrada este jueves en la sede central de la patronal CEOE en Madrid. “El fraude fomenta una competencia desleal, que va en contra del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector”, subrayó Antonio Garamendi, presidente de CEOE.

El Impacto Económico del Fraude

Las asociaciones empresariales denuncian que en 2022 el fraude sólo en el pago de IVA en el sector de las gasolineras alcanzó los 700 millones de euros y que el año pasado escaló por encima de los 1.000 millones. Advierten que en los primeros meses de este año el fraude se ha desbocado debido a la situación de interinidad generada por una reforma legal impulsada por el Gobierno para frenar el fraude. Sin embargo, esto ha tenido el efecto contrario, ya que las prácticas fraudulentas se han extendido masivamente hasta entre un 25 y un 30% de todos los operadores del mercado.

Esto implica que varios miles de las 12.000 gasolineras operativas en el mercado español están ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales, lo que implica la venta a pérdidas. Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Entre las medidas propuestas por las asociaciones empresariales figura el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los propios depósitos en los que se almacena, lo que reduciría las opciones de los defraudadores. Asimismo, proponen las liquidaciones mensuales del IVA y un mayor control y expulsión rápida del registro de operadores a los que cometen estos tipos de fraude.

En respuesta a este problema creciente, el Gobierno lanzó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para controlar la proliferación de estos fraudes millonarios. Sin embargo, a pesar de que las medidas de esta reforma no entraron en vigor hasta el 28 de marzo, el sector de las gasolineras sostiene que las prácticas fraudulentas se dispararon exponencialmente antes de que se aplicaran los cambios legales.

La reforma legal aprobada por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente.

El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. A partir de ahora, se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas.

Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.

Por Dani