La esperada regulación de la Unión Europea (UE) sobre la inteligencia artificial (IA) se encuentra en una encrucijada crucial. Después de casi tres años de intensas negociaciones, este viernes 2 de febrero, los países miembros de la UE decidirán en una votación si respaldan o rechazan el «histórico» acuerdo alcanzado el pasado 8 de diciembre. Este acuerdo está destinado a dar forma a una ley pionera en todo el mundo. Sin embargo, surge un escollo significativo que podría frustrar el proyecto: Francia.
Cuando se anunció el acuerdo, las declaraciones públicas fueron grandilocuentes. Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interior, celebró en diciembre que la «UE se convierte en el primer continente que establece normas claras para el uso de la IA». Sin embargo, este pacto político alcanzado por los representantes del Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros aún tenía importantes aspectos por resolver. Como suele suceder, los detalles son cruciales.
En los dos últimos meses, países como Francia y Alemania han cuestionado la propuesta y han aumentado su presión para que se atenúen sus exigencias. Grupos de organizaciones civiles expresaron que «si se rechaza la ley de IA no será por su insuficiente protección de los derechos humanos sino porque los gobiernos de los Estados miembros optaron por dar prioridad a los intereses de la industria de la IA y de los cuerpos de policía«.
Francia y Alemania desean que sus cuerpos de seguridad puedan utilizar sistemas de vigilancia con «muy poca transparencia y supervisión». Durante las negociaciones, París lideró la presión para una amplia exención para los usos militares o de defensa de la IA. «El Estado francés tiene urgencia por tener más control de la población y está utilizando la tecnología para recortar los derechos democráticos», señala Judith Membrives, responsable de políticas digitales en lafede.cat. Además, el gobierno de Emmanuel Macron ha invertido «mucho dinero» en sistemas de reconocimiento facial de cara a los Juegos Olímpicos.
Ambos países rechazan el texto acordado porque consideran demasiado estricta la regulación de la IA de propósito general (GPAI, por sus siglas en inglés), la tecnología detrás de modelos generativos como ChatGPT. La propuesta de ley establece obligaciones de transparencia que obligarían a las empresas a publicar un «resumen suficientemente detallado» de los datos utilizados para entrenar su ‘software’ para evitar violaciones de los derechos de autor, un problema recurrente.
El Elíseo cree que la normativa podría perjudicar la innovación y obstaculizar el desarrollo de ‘startups’ tecnológicas europeas como la francesa Mistral AI, que aspira a competir con gigantes del sector como Microsoft o Google. «No es una buena idea regular los modelos fundacionales más que otros países», ha advertido Macron en un intento por suavizar la normativa.
En las últimas semanas, Francia y Alemania han intentado formar un bloque de oposición a la ley. Sin embargo, según informa el periódico económico alemán Handelsblatt, Berlín podría retirar su oposición. Italia ha mostrado escepticismo con el texto, pero finalmente descartaría la no ratificación debido a que ostenta la presidencia rotativa del G7, según informa Luca Bertuzzi, periodista del portal Euractiv. Esto hace que el ‘no’ tenga pocas posibilidades de prosperar, lo que podría llevar a Francia a aprobar a regañadientes la que será la primera regulación integral de la IA.
Las organizaciones civiles han advertido que un rechazo de la propuesta supondría una victoria para la industria tecnológica y de seguridad, desmontaría el marco legal que pone límites a la IA y pondría en riesgo futuras leyes. Aun así, lamentan que el texto acordado «puede contribuir a cambios más amplios que amplíen y legitimen las actividades de vigilancia de la policía y las autoridades de control de la inmigración, lo que tendría importantes consecuencias para los derechos fundamentales«.