En un análisis reciente de la Ley de la Cadena Alimentaria, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sugiere que la única forma viable de cumplir con la ley es mediante la adquisición de excedentes a través de compras públicas. Ángel de la Fuente, director de Fedea, sostiene que algunas cláusulas de la ley, en particular la que exige que los precios cubran los costos de producción en toda la cadena, son esencialmente imposibles de cumplir.
De la Fuente advierte que si se lograra cumplir con esta cláusula, podría tener consecuencias negativas a medio y largo plazo para la eficiencia del sector. En este sentido, argumenta que la única forma de evitar pérdidas en el sector, o al menos reducirlas significativamente, sería a través de la implementación de suelos de precios con la compra pública de los excedentes.
La preocupación de de la Fuente radica en que esta reforma no ofrece ninguna solución «novedosa o prometedora» para mitigar los problemas del sector agrícola, cuyos miembros han estado protestando en las calles durante las últimas tres semanas. Según de la Fuente, la reforma es un arma de doble filo, ya que intenta establecer un nuevo derecho para los operadores del sector alimentario: el derecho a recuperar sus costos o vender su producción sin pérdidas. Sin embargo, esto solo será posible si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente, algo que, advierte de la Fuente, sería probablemente ilegal en Europa si se intentara imponer a agentes privados.
Ángel de la Fuente rechaza la idea de que se pueda obligar a los compradores de productos alimentarios a comprar a productores menos eficientes a precios superiores al promedio del mercado para cubrir sus costos. Sugiere que estos productores podrían optar por no recuperar completamente sus costos, por temor a perder ventas, lo que aumentaría aún más sus pérdidas. En este contexto, de la Fuente señala que la ley se incumple con frecuencia.
El propósito de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria solo se puede lograr si el sector público asume el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado. Este precio, sugiere de la Fuente, podría establecerse fijando suelos de precios basados en los costos promedio de producción de cada producto. Sin embargo, estos suelos podrían establecerse a niveles más altos si se considerara necesario un mayor apoyo al sector alimentario doméstico.
Establecer precios mínimos para proteger la producción doméstica, especialmente la de pequeñas explotaciones agropecuarias que están en peligro de desaparecer en España y en gran parte de Europa, podría resultar en un aumento de la «seguridad y autonomía». Sin embargo, elevar los precios garantizados también aumentaría los costos que recaen sobre otros colectivos. Los consumidores tendrían que pagar más por los alimentos, y los contribuyentes tendrían que financiar la compra y almacenamiento de mayores excedentes agrarios. Este costo también recaería sobre ciertos países de renta inferior.
En resumen, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria según lo previsto presenta desafíos significativos y potencialmente insuperables. Aunque la reforma tiene como objetivo proteger a los productores y garantizar un precio mínimo para sus productos, las implicaciones de la aplicación de esta ley podrían tener efectos negativos a largo plazo en la eficiencia del sector, los consumidores y, en última instancia, en la economía. La propuesta de la Fedea de establecer suelos de precios y realizar compras públicas de excedentes podría ser una solución, pero aún así, plantea sus propios desafíos y consecuencias.