Los centros de datos se han situado en el centro del debate sobre el consumo eléctrico. Mientras el Gobierno prepara una regulación para limitar la demanda energética de estas instalaciones, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que unos requisitos excesivamente estrictos podrían dificultar la llegada de inversiones que España busca atraer.
Pese al adelanto electoral previsto para el 29 de noviembre y a la incertidumbre generada en el sector, el Ejecutivo mantiene por ahora su intención de aprobar en octubre el real decreto destinado a regular estos proyectos.
El 80% renovable se superó solo en el 0,4% de las horas de 2025
Un informe elaborado por el economista Diego Rodríguez para Fedea analiza las condiciones contempladas en esta regulación. El documento no cuestiona la necesidad de que los centros de datos sean eficientes ni de que empleen electricidad de bajas emisiones, pero considera que el planteamiento previsto puede elevar los costes hasta poner en riesgo la competitividad de los proyectos.
Uno de los aspectos más controvertidos es la obligación de cubrir, hora a hora, el 80% del consumo eléctrico de estas instalaciones con energía renovable, ya sea a través de autoconsumo o de contratos con generadores. Según los datos recogidos en el informe, el sistema eléctrico nacional superó ese porcentaje de generación renovable únicamente durante el 0,4% de las horas de 2025.
Las simulaciones de Fedea indican que, para atender una obligación de este tipo, las empresas tendrían que compensar los periodos con menor producción renovable mediante una mayor capacidad de generación y almacenamiento. Por cada MW de potencia del centro de datos, serían necesarios 1,5 MW de energía eólica, 6,3 MW de fotovoltaica y 2,9 MW de baterías. El coste resultante superaría los 100 euros por MWh, según el estudio.
Fedea propone mayor flexibilidad en los requisitos
Sin renunciar al objetivo de impulsar el uso de renovables, Fedea plantea flexibilizar el modo de cumplirlo. El centro de estudios considera que hay margen para reducir la rigidez tanto del requisito horario como de la obligación de que la electricidad proceda exclusivamente de instalaciones renovables nuevas.
Los permisos de red, bajo revisión
El informe también cuestiona el uso de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica para determinar las características técnicas y económicas de determinados proyectos empresariales. Fedea advierte de que la red podría dejar de funcionar solo como instrumento de gestión de una capacidad limitada para convertirse también en una herramienta de política industrial.
El documento relaciona este riesgo con dos elementos del nuevo marco: la posibilidad de dar prioridad a proyectos concretos mediante el Comité de Inversiones Estratégicas y la incorporación de diferentes criterios en los concursos de adjudicación de capacidad de acceso.
Para Fedea, este sistema puede derivar en un trato diferenciado para los centros de datos frente a otros grandes consumidores industriales con patrones de consumo parecidos. Dado que la capacidad de conexión representa el principal cuello de botella, decidir qué iniciativas acceden a ella condiciona también qué inversiones pueden desarrollarse en España. Por ello, el informe pone en duda que esa selección deba realizarse mediante una regulación específica para una actividad determinada.
Electricidad de bajas emisiones y plantas ya operativas
El estudio reclama asimismo que el Gobierno adopte una posición menos restrictiva al definir las fuentes que pueden utilizar los centros de datos para cubrir su demanda. Aunque el proyecto normativo se centra en las renovables, el think tank recuerda que la normativa europea incluye también la electricidad de bajas emisiones, entre ella la generación nuclear.
Esta cuestión resulta especialmente relevante para una actividad que requiere suministro constante, ya que los centros de datos operan de forma continua. Según Fedea, excluir desde el inicio una fuente de bajas emisiones capaz de proporcionar electricidad estable limita de manera innecesaria las alternativas disponibles.
El informe plantea una objeción similar respecto a las instalaciones renovables ya en funcionamiento. El borrador restringe la contratación a plantas nuevas o puestas en marcha como máximo 18 meses antes. Diego Rodríguez propone ampliar esta opción a instalaciones recientes que ya estén operativas y que, en ciertos momentos, tengan dificultades para vender toda su producción.