La Justicia belga autoriza el embargo de bienes españoles en un nuevo revés judicial por los recortes a las renovables

En una reciente decisión que sigue los pasos de los tribunales británicos, la Justicia belga ha autorizado el embargo de bienes españoles en su territorio por un valor de 32 millones de euros. Este fallo es un nuevo episodio en la guerra legal que llevan adelante los fondos que vieron reducidos sus beneficios a raíz de los recortes en energías renovables implementados hace una década por el Gobierno de Zapatero, y de manera más intensa por el Ejecutivo de Rajoy.

Concretamente, en Bélgica, las quitas provienen de los ingresos que España obtiene de la gestión de control de su tráfico aéreo, es decir, de los pagos mensuales transferidos por Eurocontrol a la empresa pública Enaire. La Justicia belga ha respondido a una demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que fue finalmente resuelta por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica. Esta ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio, que autoriza el embargo solicitado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos.

La lucha del Gobierno español por revocar los laudos dictados por tribunales como el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad de España. Entre estos, se encuentran la sede del Instituto Cervantes en Londres, valorada en 6 millones de euros; la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, con un valor de mercado de casi 4 millones; el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la propiedad más grande en Londres, valorada en unos 15 millones; cuatro cuentas bancarias en Reino Unido que suman 800.000 euros y, sobre todo, el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 850 millones de euros.

Activos españoles en la mira

Además, la filial de Navantia en Australia, empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, también podría verse amenazada. En el último año, la Justicia australiana reconoció las deudas de España con los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables. Como estas obligaciones no están siendo resarcidas por el Gobierno español, la Corte Suprema de Australia ha abierto la puerta para que se embarguen bienes del Reino de España como medida compensatoria.

Los acreedores, cuyo principal objetivo es llegar a un pacto con el Gobierno para resolver la problemática, han contratado los servicios de la consultora especializada JS Held. Esta se encarga de identificar los bienes de España en otras jurisdicciones desde las que se podría cobrar. Por lo tanto, alrededor de 400 activos españoles están en la mira, y su cifra definitiva podría alcanzar los 5.000 millones de euros.

Sin embargo, España se está oponiendo a varios de estos laudos y logrando su anulación en algunos territorios. Recientemente, el Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) anuló el laudo dictado por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) que condenaba a España a indemnizar con 48 millones de euros a dos fondos de infraestructuras de Foresight en Luxemburgo, dos de la italiana GWM Renewable Energy y Greentech Energy, actualmente Athena Investment.

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Bélgica señala que su código penal permite el embargo de activos de terceros países. Este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe España en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol canaliza mes a mes en sus pagos a Enaire.

El fallo del juez Degreef, encargado del caso, concluye que «el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado». Considera además que «no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables». La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original era de 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros.

Los tribunales belgas autorizan ahora el embargo de los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire y aprueban el cobro de más de 32 millones de euros por parte de Blasket Renewable Investments. Enaire es la entidad encargada de la gestión de la navegación aérea en España, y gestiona 2,2 millones de km² de espacio aéreo desde cinco centros de control aéreo y 21 torres de control. Además, la compañía posee el 51% de AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos que gestionan un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros. A lo largo del ejercicio financiero 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros.