El Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) reveló el miércoles que en 2023 se impusieron 382 sanciones, lo que representa un incremento del 40,4% en comparación con el año anterior. La mayoría de las infracciones se atribuyeron al sector mayorista. Las sanciones se impusieron principalmente por no respetar los plazos de pago acordados con los productores.
Desde su fundación en agosto de 2013, la AICA ha emitido un total de 3.708 multas, lo que equivale a un monto de más de 15,7 millones de euros. La agencia ha recaudado más de 13 millones de euros hasta la fecha.
El Ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, explicó en el mismo foro que la transformación de la AICA en una agencia estatal permitirá «reforzar significativamente su capacidad inspectora». Aunque no proporcionó una fecha específica para la transición, el ministro aseguró que la nueva agencia contará con una estructura más grande y más recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones.
Según Planas, el Gobierno está considerando dos opciones para acelerar la creación de la nueva agencia estatal. Una opción sería a través de un texto legal ad hoc. La otra opción sería mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados hasta el 10 de febrero.
De las 382 sanciones impuestas en 2023, casi la mitad (48%) se debieron a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago, en su mayoría en el sector mayorista. Otras infracciones incluyeron la ausencia de contratos, la falta de elementos mínimos como el precio del producto en los contratos existentes, las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria.
El informe de balance del año pasado muestra que los sectores que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas (165 multas), seguido del sector vitivinícola (96 multas), el de aceite de oliva (40 multas), el de bovino (37 multas), el de la aceituna de mesa (19 multas) y el sector lácteo (17 multas).
Además de las sanciones impuestas por la AICA, los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y la vigilancia del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria impusieron 167 sanciones en 2023, un 33,6% más que en 2022. Estas sanciones se impusieron principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
Estas sanciones son el resultado de los controles de oficio de la AICA y las comunidades autónomas. Además de estas acciones de oficio, la AICA recibió un total de 32 denuncias, un aumento del 39,1% en comparación con 2022. Las comunidades autónomas recibieron otras 18 denuncias.