El sector del calzado español en desacuerdo con la reducción de la jornada laboral propuesta por el Gobierno
La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha expresado su profunda preocupación y desacuerdo con el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de imponer la reducción de la jornada laboral. Asimismo, FICE ha mostrado su inconformidad con otras medidas laborales que, a su juicio, perjudican al sector zapatero, el cual tiene su principal foco de actividad en la provincia de Alicante.
Las medidas laborales: ¿un atentado contra el diálogo social?
Según la FICE, estas medidas son un atentado contra el diálogo social, ya que fueron tomadas sin el adecuado consenso con los agentes sociales. Además, representan una carga adicional para las empresas del sector calzado, lo que podría agravar la pérdida de competitividad en un contexto globalizado y altamente exportador.
Actualmente, rige un convenio fruto del diálogo social que fue negociado durante un año con los sindicatos y que está vigente hasta finales de 2025. Sin embargo, las nuevas medidas propuestas incluyen la entrada en vigor de la reducción de la jornada a 38,5 horas a partir del día siguiente a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado. Esta reducción, que las empresas tendrán que aplicar de inmediato, pasará a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo promedio en cómputo anual a partir de enero del próximo año.
La patronal del calzado lamenta que estas medidas no contemplan ningún tipo de flexibilidad en función de los sectores o las empresas. Según FICE, esto dificultaría la posibilidad de hacer contrapropuestas y negociar mejoras a este punto de partida.
Las implicaciones para el sector del calzado
FICE argumenta que no es viable fijar una jornada semanal máxima como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz, sino que se debe tener en cuenta el cómputo anual. La patronal sostiene que establecer una jornada laboral máxima semanal podría resultar en una disminución de la productividad de las empresas y complicaría sus condiciones de producción, haciéndolas menos competitivas.
Además, las medidas propuestas por el Gobierno incluyen el incremento en las contribuciones a la Seguridad Social para ciertas categorías de trabajadores, lo que supone una carga adicional directamente sobre las empresas. También se exige a las empresas mantener los niveles de empleo, garantizando que no habrá reducción de plantilla como consecuencia directa de la implementación de la nueva jornada laboral.
Esta obligación, según FICE, limita aún más la capacidad de gestión y adaptación de las empresas a las nuevas condiciones. Asimismo, se contempla el reforzamiento de los controles y sanciones, incrementando la vigilancia y las penalizaciones para las empresas que no cumplan con la nueva normativa laboral.
Desde la patronal del calzado, denuncian que las medidas planteadas sin un verdadero diálogo solo generan incertidumbre y aumentan los costos para las empresas.
El sector del calzado, con su intensiva mano de obra y dependencia de mercados internacionales, se verá gravemente afectado. Advierten que la imposición de estas medidas, combinada con la falta de medidas compensatorias adecuadas, llevará a un inevitable aumento de los costos de producción. Esto podría resultar en el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo en regiones que dependen de esta industria.
Imposiciones del Gobierno
Mientras tanto, la ministra de Trabajo ha advertido que, en caso de que la patronal no tome medidas antes del próximo lunes, pactará con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial.
Las asociaciones empresariales, incluyendo FICE, insisten en la necesidad de flexibilidad y un verdadero diálogo social. Siguiendo el ejemplo de la CEOE, que establece 2026 como una fecha más viable para la implementación de estas medidas, consideran crucial que el Gobierno tenga en cuenta la realidad del sector y su capacidad de adaptación.
FICE aboga por un diálogo constructivo que permita un marco laboral sostenible y que no comprometa la competitividad ni la supervivencia de las empresas. Advierten sobre el previsible deterioro sectorial que esta medida pueda acarrear en el segundo semestre del año. «Estamos ante una coyuntura que exige reflexión y consenso para evitar un impacto negativo mayor en nuestra industria y en todos los trabajadores que dependen de ella», aseguran desde la patronal del calzado.