El mundo del deporte español ha sido sacudido por el arresto del abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Tomás González Cueto. González Cueto, quien era considerado la mano derecha jurídica del expresidente de la federación, Luis Rubiales, representó al organismo en al menos 40 causas judiciales antes de su detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según un escrito dirigido al magistrado del caso Soule en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, el 22 de marzo, la implicación de González Cueto en los asuntos legales de la federación era significativa. Sin embargo, toda esta actividad se detuvo abruptamente el 20 de marzo, cuando fue arrestado por la UCO. Dos días después, se negó a declarar alegando que, como representante legal de la RFEF, tenía la obligación de mantener el secreto profesional.
El mismo día de su detención, la RFEF, presidida por Pedro Rocha, le comunicó mediante un burofax que había prescindido de sus servicios en todos los procedimientos. Este movimiento se produjo en el contexto de la destitución del entonces director jurídico, Pedro González Segura, quien también había sido arrestado por la UCO y posteriormente imputado por la jueza Delia Rodrigo, que investiga el caso Supercopa.
Según declaraciones del exsecretario general de la RFEF, Andreu Camps, solo los ingresos de González Cueto como «comisionado externo» de la Federación superaban los 200.000 euros al año. Su trabajo era representar a la Federación y al propio Rubiales en numerosos pleitos, manejando un «gran volumen de procedimientos judiciales».
Además de González Cueto, el burofax de la RFEF también menciona a su socio Ramón Caravaca Magariños, así como a los abogados Paula Rodríguez González y Daniel Echevarría González. La Asesoría Jurídica de la Federación Española de Fútbol explicó que ellos «van a asumir la dirección profesional» en todas las causas, pidiendo que se ponga «a disposición de la RFEF la documentación de la que dispongáis relativa a los asuntos mencionados».
De las 40 causas que llevaba González Cueto, ocho pertenecen al orden jurisdicción penal, 19 al contencioso-administrativo y 13 al civil y mercantil. La primera de las causas penales es el caso Soule, que investiga la Audiencia Nacional en relación a las supuestas irregularidades detectadas en la RFEF bajo la presidencia de Ángel María Villar. El segundo caso penal es la Operación Oikos, vinculada al presunto amaño de partidos.
Además, la Federación está personada como acusación particular en esta causa, que actualmente instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca. Fue la RFEF quien llevó el presunto amaño de un partido entre el Huesca y el Nástic de Tarragona a la Fiscalía tras recibir un informe de la UEFA el 29 de mayo de 2018.
Otra causa penal que llevaba González Cueto era el caso Negreira en el que se investiga el pago de 7 millones de euros por parte del FC Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
También se encargaba de la defensa del organismo federativo en el caso Haití, donde la RFEF ha sido procesada como persona jurídica acusada de un delito de fraude de subvenciones al país caribeño.
En el resto de jurisdicciones, la RFEF mantiene litigios en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en la Audiencia Provincial de Madrid. Recientemente, un tribunal de la Audiencia madrileña condenó a la Federación de Rubiales a pagar 12,3 millones de euros a Mediapro por excluir a esta compañía de un contrato para la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey.