Tras 16 años de larga espera, los acusados en uno de los casos más grandes de proxenetismo en la historia de la justicia española, finalmente se presentaron ante la Audiencia Provincial de Lugo. A pesar de la gran cantidad de pruebas recopiladas en el sumario, después de dos días de juicio rápido, la causa se ha reducido a casi nada. A través de un acuerdo con la Fiscalía, cuatro de los cinco acusados, un guardia civil y tres dueños de prostíbulos, han logrado obtener penas mínimas a cambio de reconocer su culpabilidad. El quinto acusado, otro guardia civil que optó por defender su inocencia, enfrenta una pena simbólica.
La Doble Vida de un Guardia Civil
Uno de los acusados, Armando L., era un agente de los equipos Emume de la Guardia Civil, cuyo deber era proteger a las mujeres y asegurarse de que los clubes nocturnos cumplieran con la normativa vigente. Sin embargo, su realidad era muy diferente: Armando L. alertaba a los dueños de los clubes de alterne sobre las inspecciones y redadas inminentes. A cambio de esta información recibía servicios sexuales y, en ocasiones, dinero en efectivo.
Este es el relato que tanto el guardia civil como los dueños de los prostíbulos Queens, Eros y Eclipse, José Manuel G., Marcos G. y Jesús G., admitieron en el juicio. Aunque ninguno de ellos será encarcelado por estos hechos, uno de los proxenetas cumple una condena por otro caso y testificó en el juicio a través de una videoconferencia desde la prisión.
Las penas impuestas a los acusados han sido leves. Armando L., que enfrentaba la pena más severa, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que redujo su pena a cuatro años y dos meses de prisión. Sin embargo, su sentencia será suspendida debido a problemas de salud que le permitirán eludir el encarcelamiento.
En cuanto a los dueños de los tres prostíbulos, la Fiscalía inicialmente buscaba una pena de más de un año y medio de prisión. Sin embargo, después de admitir su culpabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, sus penas se han reducido a multas. Los tres estaban acusados de un delito de cohecho pasivo. Estas reducciones de penas se deben en gran medida a la aplicación de dilaciones indebidas y la reparación del daño causado.
El único acusado que decidió defenderse, a pesar de enfrentarse a una pena de solo nueve meses de prisión, fue Julio B., superior de Armando L., el líder de la trama. La mayoría de la sesión de juicio del miércoles se dedicó a examinar su implicación en el caso. Julio B. insistió en que él no tenía «nada que ver con la Carioca», pero admitió que su implicación en el caso se debió a un comentario que hizo sobre la juez instructora, Pilar de Lara.
A medida que este caso de proxenetismo se desvanece, quedan preguntas sobre cómo el sistema de justicia puede permitir que tales actos de explotación y corrupción ocurran en su seno. Aunque las penas impuestas pueden parecer leves, la exposición de estas prácticas corruptas envía un mensaje importante: nadie está por encima de la ley.