Josep Lluís Alay, pide olvido penal en el caso ‘Tsunami’
En un giro reciente en el caso ‘Tsunami’, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional solicitando el olvido penal. Alay es uno de los varios investigados por terrorismo en el caso. La defensa de Alay sostiene que los hechos que se investigan no pueden ser excluidos del ámbito de aplicación de la ley de Amnistía.
En el escrito, que consta de doce páginas, la defensa de Alay argumenta que no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para que los hechos objeto de investigación sean excluidos de la aplicación de la ley de Amnistía. Asegura que cualquier otra interpretación supone una distorsión de la norma y un forzamiento de la voluntad del legislador.
La defensa de Alay cuestiona las acusaciones de terrorismo
El letrado Gonzalo Boye, que representa a Alay, sostiene en el escrito que los delitos de terrorismo que se imputan a los investigados son inexistentes. Según la defensa, los hechos bajo investigación no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación.
En palabras de Boye, «pretender algo distinto sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales». Añade que, en cualquier caso, estos hechos no estarían excluidos por la norma, por lo que insta a abstenerse de criminalizar a los manifestantes catalanes por delitos relacionados con el terrorismo.
El escrito de la defensa de Alay se remitió en respuesta al instructor Manuel García Castellón, quien dio diez días a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la norma en la causa. Boye, en representación de Alay, solicita ahora el sobreseimiento libre para su representado, lo que supondría su exención de responsabilidad penal.
El caso ‘Tsunami’ es uno de los más controvertidos de los últimos tiempos en España. Se investigan posibles delitos de terrorismo en relación con las manifestaciones que tuvieron lugar en Cataluña en octubre de 2019. Muchos consideran que estas manifestaciones eran una expresión legítima de protesta, mientras que otros sostienen que se trataba de actos de violencia y terrorismo.
La solicitud de olvido penal de Alay es un desarrollo importante en este caso. Si se acepta, podría sentar un precedente para los demás investigados. Sin embargo, esta decisión está en manos de la Audiencia Nacional y todavía está por ver cómo se desarrollará el caso.
El caso ‘Tsunami’ ha generado una gran polarización en España, con opiniones divididas sobre si las manifestaciones eran un ejercicio legítimo del derecho de protesta o actos de terrorismo. La solicitud de olvido penal de Alay añade otro elemento a este debate y será interesante ver cómo se resuelve en los próximos meses.