Ex-cúpula de UGT Andalucía enfrenta juicio por fraude de subvenciones y falsedad documental
El juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía ha llegado a su etapa final. Los acusados se enfrentan a cargos por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con la gestión de subvenciones autonómicas por valor de más de 40 millones de euros.
El juicio comenzó a finales de enero y en mayo entró en su fase final con el inicio de las conclusiones definitivas y los informes finales. Finalmente, la vista concluyó este jueves, según confirmaron fuentes del caso.
Los principales acusados y los cargos que enfrentan
Entre los principales acusados se encuentran el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha mantenido que existen «indicios sobrados» de que los antiguos responsables de UGT-A acusados implementaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza.
El fiscal ha solicitado una condena de siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los acusados. También ha pedido que se les imponga el pago de una indemnización conjunta de 40,7 millones de euros, la cantidad supuestamente defraudada, a la Junta de Andalucía.
La acusación y las pruebas presentadas
Según el fiscal, los acusados orquestaron un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, creando un «bote» o «fondo de reptiles» para sufragar gastos no imputables a las ayudas.
Además, el fiscal destacó los «relevantes testimonios» del contable de UGT-A Francisco Mateos y del empleado del área de Justificación de gastos de UGT-A José Miguel Galeano, quienes confirmaron la existencia del citado «bote».
El fiscal también profundizó en los «rappel» o descuentos aplicados por los proveedores al sindicato por determinados «volúmenes» de compra con cargo a las ayudas autonómicas, descuentos que no eran comunicados a la Junta de Andalucía.
La defensa de los acusados
El exsecretario Fernández Sevilla defendió que la justificación de las ayudas contó con el visto bueno de la Junta, alegando que «no había nada raro» y que el citado bote o «saldo» era un mecanismo de «funcionamiento interno» para las relaciones con los proveedores.
El fiscal alertó que durante el juicio se han presentado «indicios poderosos» de que estos «instrumentos» de «bote» y descuentos fueron «usados de manera genérica» por estos entonces responsables de UGT-A y no sólo para las ayudas autonómicas para los cursos de formación. Esta mecánica, según destacó, fue convirtiendo en «transversal» y «genérica» y habría sido utilizada para «más fondos» obtenidos por UGT-A.
Entre los «indicios poderosos» de dicha mecánica, el fiscal mencionó correos electrónicos con supuestas directrices a los proveedores sobre los conceptos que estampar en las facturas, aspectos que «no han sido justificados por los acusados».
Finalmente, el fiscal señaló que la «traca» del asunto fue la creación a «propuesta» de Charpín del programa digital «Spyro» para la gestión expresa del citado «bote», un software pagado además con cargo a las propias ayudas autonómicas para formación.