El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, se encuentra en proceso de revisión y modificación de la normativa existente en torno a las pensiones. En una reunión mantenida este lunes con patronal y sindicatos, el Ministerio planteó la posible modificación de la reglamentación que concierne a la jubilación anticipada. La propuesta del Ministerio busca facilitar la jubilación anticipada para los empleados de aquellos sectores con un alto índice de bajas y accidentes laborales. Esta propuesta es uno de los elementos que forman parte del primer borrador presentado a los agentes sociales.
La legislación española ya permite la jubilación anticipada para ciertos colectivos sin que ello signifique una reducción de su pensión. Este privilegio se extiende a grupos como los policías locales, los trabajadores ferroviarios y los bomberos en servicio de las administraciones y organismos públicos. A partir de 2024, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y seis meses.
Sin embargo, el Gobierno busca ahora modificar las condiciones que justifican la jubilación anticipada de un colectivo. Los negociadores de la Seguridad Social han propuesto tener en cuenta factores como la incidencia, la persistencia y la duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que puedan darse.
A pesar de esta propuesta, los agentes sociales no se han mostrado completamente satisfechos. Los sindicatos han expresado su preocupación acerca de posibles sesgos de género indirectos que podrían surgir como resultado de la propuesta del Gobierno. En sectores predominantemente femeninos, como el de las camareras de piso, las dolencias profesionales a menudo no son reportadas, lo que podría resultar en la exclusión de estos grupos de los índices objetivos que pretende establecer el Ministerio de Seguridad Social.
En las negociaciones de la pasada legislatura, tanto el Gobierno como los agentes sociales ya anticiparon la posibilidad de modificar los coeficientes reductores. Se acordó revisar el catálogo de profesiones elegibles para la jubilación anticipada cada 10 años.
Modificar la normativa relativa a la jubilación anticipada tiene consecuencias directas para las empresas. Los sectores considerados ‘penosos’ pagan cotizaciones más altas a la Seguridad Social, lo que significa que la expansión de esta categoría podría resultar en un aumento de los costes laborales para las empresas y la Administración.
Actualmente, el Ministerio tiene pendiente la revisión de alrededor de 70 expedientes presentados por asociaciones, empresas o trabajadores que solicitan que su profesión sea reconocida como penosa y, por ende, elegible para la jubilación anticipada. La Seguridad Social debe decidir si resuelve estos expedientes antes o después de consensuar la nueva normativa con los agentes sociales.
Las negociaciones continúan y se espera que el Gobierno presente una propuesta escrita en los próximos días sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo. Estos temas son dos prioridades para los agentes sociales que quedaron pendientes durante la pasada legislatura. En este contexto, la Seguridad Social también podría incluir propuestas para incentivar a los trabajadores a prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación y compatibilizar su pensión con un sueldo.