El Gobierno español está en medio de una ofensiva contra las leyes de memoria o concordia que están impulsando varios gobiernos autonómicos en coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox. Este movimiento se está observando en comunidades como Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Fuentes del Ejecutivo informan que están dispuestos a recurrir hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de estas normas que, según ellos, atentan contra los derechos humanos.
Este anuncio fue hecho por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Torres afirmó que el Gobierno está dispuesto a negociar con los gobiernos regionales liderados por Jorge Azcón, Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco. Sin embargo, si no están dispuestos a cambiar estas normas en trámite, el Gobierno acudirá en amparo al Tribunal Constitucional.
Además de recurrir a la ONU, el Gobierno planea llevar a cabo una ofensiva contra las normas de los gobiernos autonómicos de la derecha en el Parlamento Europeo. Esta ofensiva se llevará a cabo a través del grupo de los socialistas comunitarios y también ante el Consejo de Europa. Según fuentes del Gobierno, se promoverán tres iniciativas concretas ante una posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos.
La primera de estas iniciativas es un debate urgente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar estas normas autonómicas. Estas normas son consideradas derogatorias de la Ley de Memoria Democrática aprobada en la pasada legislatura, que amplía y complementa la Ley de Memoria Histórica aprobada en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La segunda iniciativa es informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y a su comisario de Derechos Humanos sobre estas normas. La tercera iniciativa es solicitar un informe sobre la situación de la memoria democrática en España tras la aprobación de estas normas.
El anuncio de estas medidas coincide con el inicio de la campaña electoral en el País Vasco y la próxima celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña y las elecciones europeas. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez y el ministro Torres asisten a la inauguración de la exposición ‘Luis Martín-Santos, tiempo de libertad’ en la Biblioteca Nacional de Madrid.
En un movimiento paralelo, Sánchez y Torres realizaron una visita sorpresa al Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como el Valle de los Caídos. Acudieron para conocer en persona las tareas de exhumación de 160 víctimas cuyos restos han sido reclamados por sus familiares.
Tanto Sánchez como Víctor Torres, junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, visitaron el laboratorio forense y las criptas donde se encuentran los restos. En el proceso de localización e identificación de los restos participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.
Este movimiento del Gobierno muestra su determinación en contra de las leyes de memoria o concordia impulsadas por el PP y Vox. Con medidas como estas, el Gobierno busca proteger los derechos humanos y mantener viva la memoria democrática en el país.