La compañía húngara Magyar Vagon ha presentado formalmente una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 100% de las acciones de la empresa ferroviaria española Talgo. El consorcio húngaro ha enviado la documentación necesaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que también detalla que ya ha comenzado los procedimientos para obtener la aprobación del Gobierno de Pedro Sánchez para la operación. La oferta se sitúa en 5 euros por acción, lo que implicaría un desembolso total de 619,3 millones de euros.
La autorización para este tipo de operaciones requiere la aprobación de diversas administraciones y organismos reguladores de varios países europeos y extracomunitarios. Hasta seis autoridades de competencia, incluyendo Serbia, Albania, Egipto, la Comisión Europea, y las autoridades danesas por el régimen de inversiones deben dar su visto bueno. Sin embargo, la autorización más crítica y controvertida es la que requiere del Gobierno español.
A pesar de las amenazas de veto por parte del Ejecutivo español, el consorcio húngaro ha decidido seguir adelante con la OPA. El método de defensa contra OPA que el Gobierno implantó en 2020 durante la pandemia del Covid-19, para evitar que fondos oportunistas compraran empresas estratégicas nacionales a un precio menor, se hizo permanente en 2023. Esta normativa ha sido utilizada por el Gobierno para interferir en las principales operaciones corporativas que se llevan a cabo en el país.
En el caso de Talgo, el Gobierno ha declarado a la empresa como estratégica y exige al consorcio húngaro solicitar la aprobación pública antes de poder finalizar la adquisición. La oferta, cuyo oferente es el consorcio Ganz-Mavag Europe Zrt, en el que está integrado el Estado húngaro, puede presentarse, pero no podrán adquirir Talgo si no reciben la aprobación del Gobierno.
El 22 de marzo de 2024, el consorcio húngaro solicitó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones la autorización del Consejo de Ministros para la inversión extranjera directa en Talgo. Desde esa fecha, teóricamente el Ejecutivo tiene tres meses para aprobar o rechazar la operación.
La postura del Gobierno hacia esta operación no es la que el consorcio húngaro esperaba. Desde el principio, el Ejecutivo ha mostrado su rechazo a la compra de Talgo por parte de un consorcio sobre el que han surgido dudas acerca de la procedencia de su capital desde el inicio.
Por un lado, está el Estado húngaro y, por otro, Magyar Vagon, que es quien lidera la OPA. Las sospechas se centran en la posibilidad de que existan lazos o capital relacionados con Rusia, dados los vínculos tanto del primer ministro húngaro como de la propia Magyar Vagon y sus filiales con Rusia en el pasado. La banca acreedora ha analizado la operación por este riesgo, pero finalmente no ha presentado objeciones.
Dichas dudas también han generado un rechazo inicial a la operación por parte del Gobierno, llegando a afirmar el ministro de Transportes, Óscar Puente, en privado, que harían todo lo posible por vetar la OPA. Aunque posteriormente el tono del Gobierno ha disminuido, lo cierto es que la operación no es vista con buenos ojos por el Ejecutivo.